La Provincia - Diario de Las Palmas

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Crisis política Repercusión entre los socios del Gobierno de Canarias

Un historial de desencuentros

Las desavenencias entre CC y PSOE empezaron desde el minuto uno con los incumplimientos en los ayuntamientos y la ley del suelo impulsada por Clavijo

Patricia Hernández y Fernando Clavijo en sus escaños del Parlamento canario. J. L. G.

Pocos sospechaban al inicio de la legislatura autonómica que en menos de 15 meses las desavenencias soterradas que palpitaban en el seno del pacto CC-PSOE iban a saltar por los aires. En los dos partidos llegaba al Gobierno una nueva generación embutida con el traje de la "nueva política": Fernando Clavijo le arrebataba la candidatura a la Presidencia al histórico Paulino Rivero, el presidente con más años al frente del Gobierno autonómico. El cambio en los socialistas fue aparentemente menos traumático y José Miguel Pérez se hizo a un lado dejando el paso a Patricia Hernández, que ganó las primarias no sin cierta polémica por la anulación de parte del censo y de los votos impuesta por Ferraz.

Los veteranos Rivero y Pérez lograron sobrevivir los cuatro años de legislatura, una estabilidad inédita en Canarias hasta entonces. Aguantaron crisis en municipios y cabildos, unos brutales recortes por parte del Estado y el ajuste en las cuentas canarias. Si eso había pasado no había motivo para que el relevo político no pudiese conseguir permanecer en el Gobierno otros cuatro años. Pero con lo que no contaban es que las divisiones internas en los dos partidos les iban a pasar factura, junto al fiasco de los pactos en cascada en ayuntamientos y cabildos.

En la legislatura pasada José Miguel Pérez mantuvo a raya a las corrientes internas del partido. El PSOE llegaba al Gobierno después de cerca de dos décadas de coaliciones entre CC y PP. El dirigente socialista aprovechó la falta de sintonía entre Paulino Rivero y José Manuel Soria para integrar a los socialistas en el Ejecutivo y frenó de esta forma la contestación interna tras la fuerte bajada de escaños en las elecciones de 2011.

Sin embargo, la bicefalia surgida desde 2015 con una dirección del partido sin ninguno de sus miembros en el Gobierno provocó lo inevitable: descoordinación y dos formas distintas de entender la acción gubernamental. Sin embargo, el deterioro interno del partido fue incrementándose desde que se inició el periodo de inestabilidad política del último año ya que José Miguel Pérez ha permanecido al frente del partido a regañadientes. Por su parte, Patricia Hernández se ha querido hacer fuerte en el Gobierno para aspirar a convertirse en secretaria general del PSOE en las Islas en el próximo congreso regional, cita que se ha ido demorando debido a la falta de gobierno en el Estado y la convocatoria de elecciones generales de nuevo en junio. Los opositores a Hernández mueven los resortes del partido para debilitarla aprovechando las diferencias en el Gobierno entre los socios.

En el ámbito del Gobierno el primer choque ya se produjo a los pocos meses de iniciarse la legislatura. Clavijo y su entorno pusieron como prioridad absoluta la ley del suelo con un comité de expertos que redactó el texto en un tiempo récord. Las costuras del PSOE empezaron a saltar porque se trataba de un giro de 180 grados a la política realizada hasta ahora en el territorio y una enmienda a la totalidad a las leyes aprobadas por Paulino Rivero en sus ocho años al frente del Gobierno.

La tibia reacción de los consejeros socialistas en el Ejecutivo ante esta norma, empezando por la vicepresidenta, comenzó a provocar un malestar interno en el partido ya que varios puntos del polémico texto modificaban la política sobre el suelo defendida tradicionalmente por el PSOE desde los inicios de la autonomía.

El segundo proyecto estrella de Clavijo también fue impulsado y gestionado íntegramente desde el núcleo duro de Coalición Canaria en el Ejecutivo. Después de años de reivindicaciones ante el Gobierno central, la Comunidad Autónoma lograba quedarse con la retención que hacía el Estado del antiguo Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (ITE). Supone 160 millones de euros en diez años y sobre esos fondos Clavijo elaboró un plan para impulsar la economía y desde el principio lo dejó claro: ni un euro para políticas sociales ni sanitarias, precisamente las áreas estrella del PSOE. Los socialistas no encajaron bien esta decisión unilateral de los nacionalistas dadas las necesidades acuciantes en dependencia, prestación canaria de inserción, pobreza o gasto sanitario.

El mar de fondo que ya se empezaba a vislumbrar fue ligeramente tapado con el presupuesto de 2016, que incrementó discretamente el gasto social con respecto a las cuentas anteriores, con el fin de hacer frente a la herencia recibida del Gobierno anterior en áreas gestionadas por los nacionalistas: retrasos en el pago de la PCI, miles de dependientes esperando por su reconocimiento y unas listas de espera en Sanidad cada vez más abultadas.

Naufragio

Pero paralelamente a la acción del Gobierno el pacto entre socialistas y nacionalistas naufragaba en el ámbito municipal e insular. El acuerdo en cascada saltó por los aires en varios municipios, algunos de ellos estratégicos. El primer golpe fue en Santa Cruz de Tenerife cuando el alcalde, José Manuel Bermúdez, alcanza un acuerdo con el PP y coge con el paso cambiado a una parte de su propia formación. Desde ese momento los socialistas empezaron a sospechar lo que con el paso del tiempo se ha confirmado, es decir, que el sector más duro de CC de Tenerife no estaba dispuesto a perder más ayuntamientos a favor del PSOE.

La inestabilidad generada en el Ayuntamiento de La Laguna tras las elecciones municipales de 2015 ha provocado serios disgustos a las dos formaciones en estos 15 meses de mandato, aunque han sido los socialistas los peor parados. De hecho, la imposición por Ferraz del pacto entre CC y PSOE provocó que Javier Abreu, el candidato socialista lagunero, dimitiera como miembro de la Ejecutiva Federal.

Pero la situación política en el gobierno municipal de la Ciudad de los Adelantados, lejos de amainarse, se ha ido complicando con el paso de los meses: el PSOE prohibió a Abreu presentar una moción de censura contra el alcalde José Alberto Díaz junto a Podemos y Nueva Canarias, lo que motivó que el dirigente socialista arremetiera contra Patricia Hernández y el secretario de Organización, Julio Cruz. Posteriormente Díaz le quitó las delegaciones a Abreu y lo dejó sin sueldo. Y para rematar la faena Ferraz disolvió la Ejecutiva local del PSOE en La Laguna a instancias del partido en las Islas dividiendo al grupo socialista en el Ayuntamiento en dos.

Hace un año por estas fechas se produjo un hecho similar al sucedido hace unos días en Granadilla de Abona. Los concejales del PSOE en el ayuntamiento herreño de La Frontera presentaron una moción de censura para desalojar a la alcaldesa del municipio, de CC-AHI. Los nacionalistas herreños lo consideraron un ataque y exigieron a CC que frenara la censura a costa incluso de provocar una crisis en el pacto regional. La dirección federal del PSOE actuó directamente sobre los concejales enviándoles la expulsión del partido si no retiraban la moción. Finalmente los nacionalistas consiguieron el objetivo de mantener el gobierno de La Frontera, pero dejó una herida en el pacto que ha ido aumentando con el paso de los meses.

Aunque las diferencias en el PSOE son más notorias, también en CC hay diferencias entre islas y corrientes que han puesto el pacto en el disparadero. Los frecuentes ataques del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, a las áreas gestionadas por los socialistas han causado un profundo malestar entre sus dirigentes porque consideran que Clavijo, en su calidad también de secretario insular de CC de Tenerife, no ha hecho lo suficiente para frenar a Alonso.

Una de las principales críticas del presidente insular desencadenó una crisis interna en el pacto que puso en el disparadero a la consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón. El desequilibrio en las inversiones en carreteras fue rechazada por la titular del departamento pero el propio presidente Clavijo la desautorizó dándole la razón a Alonso. Chacón recogió velas y rectificó para evitar mayores enfrentamientos con el jefe del Ejecutivo regional.

Esta situación provocó que algunas voces del Partido Socialista comenzaran a llamar la atención sobre el "maltrato" que estaban recibiendo los consejeros desde la parte del Gobierno de Coalición Canaria. El perfil bajo de la dirección regional del PSOE y la ambigüedad calculada de Patricia Hernández estaba tensando la cuerda entre los socialistas.

Tres hechos encadenados en el tiempo han terminado por caldear aún más el ambiente en las relaciones entre los socios de gobierno en las últimas semanas: la votación de la ley turística de las islas occidentales -La Palma, La Gomera y El Hierro- que supuso una fractura en el grupo parlamentario Socialista al no votarla tres de sus diputados. Este resultado no es baladí ya que es un síntoma de lo que puede suceder cuando se empiece a debatir en la Cámara autonómica la ley del suelo en el primer pleno de octubre. La Ejecutiva regional del PSOE aún no cuenta con un pronunciamiento unánime sobre la norma pero sí ha cuestionado la liquidación de la Cotmac, el alcance de los proyectos de interés insular y autonómico y los usos en el suelo rústico.

El segundo asunto que ha enfrentado a los socios ha sido el desvío en el gasto sanitario. Entre los socialistas ha sentado como una bomba que el propio presidente del Ejecutivo, primero, y su consejera de Hacienda, después, cuestionaran la gestión de Jesús Morera al frente de la Consejería de Sanidad y que pusieran como excusa el exceso de gasto sobre lo presupuestado para decidir el cierre presupuestario. En los últimos días los dirigentes socialistas han remarcado su contrariedad por un departamento que es la estrella de la gestión del PSOE en el Gobierno.

¿Y Granadilla? Un capítulo más de los incumplimientos de los pactos en cascada que han provocado un sinfin de reuniones de la mesa del pacto, sin que hayan servido para revertir la cantinela de estos 15 meses: Puerto de la Cruz, Arico, Arona, San Juan de la Rambla, Tacoronte, Icod o La Guancha, entre otros municipios. Pero la crisis municipal entre ambas formaciones puede agudizarse en los próximos meses porque ya existen rumores alrededor del municipio de Arona y la propia Ejecutiva de CC admite que no puede controlar a sus concejales en el sur de Tenerife, zona que domina el PSOE.

Compartir el artículo

stats