La plataforma contra el proyecto de la ley del suelo, en trámite parlamentario, reclamó ayer que la nueva norma se fundamente en la sostenibilidad de las Islas mediante "un nuevo proceso legislativo" a través de la aceptación de enmiendas a la totalidad por parte del Parlamento o mediante otro periodo de "información pública efectiva". La "apuesta" por debilitar al control público, desproteger el suelo rústico o el aumento de la discrecionalidad son, a juicio de sus integrantes, algunos de los criterios que recoge la futura ley y que conducirán al Archipiélago a una "involución".

Más de 200 cargos públicos de Podemos, Nueva Canarias, Izquierda Unida y diferentes partidos municipales llegados de todas las Islas, junto a representantes de diferentes sindicatos, de la Fundación César Manrique y Ben Magec-Ecologistas en Acción, se reunieron ayer en Infecar para mostrar su rechazo a la nueva ley sobre ordenación del territorio y pedir, a su vez, la movilización ciudadana para que los habitantes del Archipiélago salgan a la calle a protestar. "Desde el Gobierno han pretendido ocultar el debate, pero éste ya ha explotado", apuntó el secretario de CC OO en Gran Canaria, Antonio Pérez.

Tanto Podemos como Nueva Canarias (NC) coincidieron en la importancia del papel que jugará el PSOE en el trámite parlamentario de la ley. Si los socialistas no dan su apoyo a la aprobación de la norma, solo saldría adelante, a priori, con el respaldo de Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Agrupación Socialista Gomera (ASG), una circunstancia que, aseguraron, debilitará la norma. No en vano, el presidente de NC, Román Rodríguez, afirmó que era "poco razonable" que no se encontrase ningún socialista en el encuentro, organizado por la plataforma Canarias, territorio sostenible. "Tienen que pasar al bando en el que siempre estuvieron, defendiendo a la mayoría social", subrayó. La diputada regional de la formación morada, Noemí Santana, instó a los socialistas, por su parte, a "reencontrarse con sus ideales".

La ruptura del territorio por el "fomento del municipalismo", según los críticos con esta ley de ordenación territorial, plantea un modelo de crecimiento con 88 políticas territoriales diferentes que "imposibilita la cohesión" de los isleños. Para los integrantes de la plataforma, esta situación provocará la sobrecarga de las administraciones locales y favorecerá la "discrecionalidad y conflictividad judicial". Igualmente, advierten de que la "excepcionalidad convertida en norma" para sacar adelante proyectos estratégicos se opone a la calidad democrática.

El tipo de empleo que generará esta ley fue uno de los aspectos más criticados por todos los presentes. El secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, remarcó que la ley del suelo se sustentará en el crecimiento del desempleo, la pobreza y la exclusión social al generar puestos de trabajo de baja calidad. Mientras, el director de la Fundación César Manrique destacó que la "eliminación o relajación" de los controles de legalidad abren la puerta a la "inseguridad social".

Asimismo, la mayoría de las intervenciones que tuvieron lugar a lo largo de la jornada también concluyeron que la nueva norma pondrá el suelo al servicio de los "intereses especulativos". Por otra parte, Antonio Pérez advirtió que la "lucha" de la plataforma no se va a acabar con el fin de la tramitación parlamentaria, sino que irá mucho más allá ya que los "visos de inconstitucionalidad" de la ley y el incumplimiento de las leyes medioambientales de la UE abren posibilidades más allá de los muros del Parlamento. En este sentido, la diputada nacional de Podemos por Las Palmas, Meri Pita, señaló que su partido está dispuesto a llevar la nueva ley del suelo ante el Tribunal Constitucional.