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García Otero reivindica una legislación más sencilla para los contratos públicos

El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC avisa de que las instituciones buscan fórmulas para "escapar" de la rigidez normativa europea

García Otero reivindica una legislación más sencilla para los contratos públicos

El presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), César García Otero, reivindicó ayer que la legislación en materia de contratación administrativa sea cada vez más "transparente, clara y sencilla". El magistrado entiende que la normativa tiene "recovecos", por lo que "hay que intentar buscar fórmulas para que sea cada vez más precisa" y que las instituciones la apliquen "rigurosamente".

Así lo manifestó durante su conferencia en la segunda edición del curso sobre Responsabilidades Administrativas y Penales en la Contratación Administrativa, organizado por la Fundación Canaria Ralons y el Colegio de Abogados de Las Palmas. Ante un centenar de asistentes, García Otero departió acerca de la doctrina jurisprudencial general sobre contratación administrativa.

Tras destacar los cuantiosos fondos que moviliza la contratación pública, el también profesor asociado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria avisó del "intento por parte de las administraciones en muchas ocasiones de buscar fórmulas jurídicas de escape a la normativa de la contratación administrativa". Se refirió así a cuestiones como el fraccionamiento de un contrato o la adjudicación sin publicidad, que son "fórmulas o intentos de escape a una rigidez o encorsetamiento de la normativa europea".

Ley "farragosa"

García Otero matizó que esta actuación de las instituciones no supone un delito ni implica un acto corrupto, sino que se realiza por ejemplo por motivos de eficiencia, que les lleva a "intentar bordear la legalidad para buscar fórmulas, dentro también de la legalidad, para adjudicar contratos".

Por otro lado, en su opinión personal, "hay serios indicios objetivos" de que la legislación española sobre contratación no ha cumplido a lo largo de estos años los fines que proclama y se ha convertido en una ley "un poco farragosa y complicada", nada menos que con 334 artículos.

Con todo, hizo especial hincapié en la importancia de la "interconexión entre el Derecho europeo y el nacional, entre la jurisprudencia de los tribunales españoles y la doctrina de los tribunales europeos, una interdependencia de la que no podemos prescindir en cualquier intervención sobre contratación administrativa y sobre el control judicial de la contratación", abundó García Otero, que, de hecho, indicó que el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en España asume "los grandes principios de publicidad, objetividad, transparencia e igualdad que promulga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

Sobre este fenómeno comentó que se ha pronunciado también el Parlamento Europeo, que ha mostrado su preocupación por la contratación administrativa, al advertir que es "el sector más expuesto a riesgos de gestión irregular, fraude y corrupción". "Lo dice en una perspectiva global, referido a todos los países, sin exclusión, de la Unión Europea", añadió el magistrado.

No obstante, entre sus reflexiones, expuso que la litigiosidad en esta materia es "relativamente escasa" en comparación con otros sectores del Derecho Administrativo. Le llama "poderosamente la atención" que en un ámbito tan importante como la contratación pública los litigios que llegan a los tribunales "no son excesivos" respecto a otras causas, como el urbanismo. ¿A qué obedece esta menor cifra de pleitos? García Otero cree que quizás son procesos complejos y las partes que se consideran afectadas en un concurso público eluden recurrir a la vía judicial, o bien prevén que los juzgados no les van a dar una respuesta satisfactoria a sus intereses.

García Otero sostiene que "cada vez hay más mecanismos de control" en la contratación pública, en la medida en que "antes el control de la discrecionalidad era prácticamente imposible".

Así lo manifestó tras la inauguración de la jornada, que corrió a cargo del director de la Fundación Canaria Ralons, Francisco Díaz Brito, el presidente del TSJC, Antonio Doreste, el decano del Colegio de Abogados, Joaquín Espinosa, y la directora del curso, Rosa Martínez Díaz, quien destacó que con esta iniciativa se pretende ofrecer una visión resumida y actualizadora de la materia, teniendo en cuenta la influencia de recientes directivas comunitarias del año 2014.

Asimismo, la exdirectora general-jefe de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma subrayó que este asunto tiene "una importancia extrema en cuanto a lo que supone el gasto público" y resaltó que las normas europeas "cada vez intentan reforzar y garantizar la transparencia e imponen la adopción a los estados miembros de medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción que se genera en la contratación pública". "Europa está muy preocupada por la contratación pública y las responsabilidades que genera", apostilló.

Además de la intervención de César García Otero, se llevó a cabo la ponencia denominada Preparación y adjudicación de los contratos, por el letrado la Comunidad Autónoma Ángel Montesdeoca, y otra charla sobre Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, por parte de Rosa Martínez.

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