El informe encargado por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Margarita Varona a la Guardia Civil pone en duda la autenticidad del audio aportado por el propietario del Grupo Ralons y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, sobre una conversación en la que, presuntamente, el magistrado Salvador Alba orienta o pacta una declaración del empresario contra la juez y exdiputada de Podemos por Las Palmas, Victoria Rosell.
Elaborada a petición de la magistrada instructora del caso, la prueba pericial del Instituto Armado concluye que "es más probable observar los resultados del conjunto de los análisis de autenticidad efectuados sobre el archivo analizado si la hipotésis de no autenticidad es la que se considera verdadera que si se considera verdadera la hipótesis contraria". Por tanto, el Departamento de Ingenieria de la Guardia Civil se decanta por la falsedad del documento presentado por Ramírez contra Alba.
En sus conclusiones, el informe de pericial considera que "los archivos dubitados [de los que se tiene duda respecto de su origen o autenticidad] analizados están compuestos por tramos obtenidos de la edición de una grabación de mayor duración". Más concretamente, la Guardia Civil estima que uno de los documentos en formato digital mp3 presentados por el propietario de Seguridad Integral Canaria, entre otras empresas, "está formado por once tramos editados" procedentes de otro archivo, y el segundo audio en duda se compone de otros tres cortes con idéntico origen. Es decir, un montaje con un total de catorce fragmentos.
La conclusión del empalme deriva del "estudio pormenorizado" de un archivo contenido "en la carpeta oculta trashes" (del inglés trash, basura], con "una duración de 1 hora, 17 minutos y 02.688 segundos". "Tras un trabajo de escucha crítica y sincronización de los tres archivos (...) puede deducirse que los archivos dubitados pudieran provenir de una edición del archivo" oculto en la basura de la grabadora, advierten los peritos del Instituto Armado.
Además, al final de los dos archivos dudosos se agregó, siempre según el mismo informe, "un transitorio probablemente con la intención de simular una parada del equipo grabador". De este modo, la Guardia Civil desmiente el testimonio realizado por Miguel Ángel Ramírez ante Varona a mitad de julio, cuando aseguró que detuvo el dispositivo durante 15 minutos a causa del la entrada de una tercera persona en el despacho de Salvador Alba.
Sin embargo, "la grabación no pudo realizarse de ninguna manera en la que se relata en la comparecencia", subraya el peritaje independiente. "El equipo grabador no se desactivó y volvió a activarse en ningún momento ya que este hecho como se ha documentado fue simulado mediante edición", desmontan los guardia civiles.
Inicialmente, Ramírez presentó como prueba un lápiz de memoria externa o pen drive, donde ordenó descargar el audio tras su reunión en la oficina de Alba sin supervisar en persona el proceso. A posteriori, el propietario del Grupo Ralons entregó a Varona la grabadora digital, un dispositivo camuflado como llave electrónica de automóvil del que se eliminó el contenido para su utilización en futuras operaciones, el manual de instrucciones y el cable USB (Universal Serial Bus, siglas en inglés) para la conexión del equipo a un ordenador, tanto para la transmisión de datos como para la alimentación con electricidad.
Precisamente, "es importante hacer constar que el cable USB aportado como indicio (....) no es el original del equipo", apuntan, como colofón, desde ese departamento de la Guardia Civil con sede en Madrid. El informe se encargó por parte de Varona después de la pruebas periciales privadas presentadas por Salvador Alba, que ya advirtió de la manipulación del audio y Miguel Ángel Ramírez negó.
La conversación entre empresario y magistrado se produjo a mitad de marzo en el despacho del último, sustituto de Victoria Rosell durante casi siete meses al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de La Palmas de Gran Canaria. Por entonces, la sala investigaba una causa contra el propietario del Grupo Ralons por los presuntos delitos de fraude a Hacienda y a la Seguridad Social.
Tanto la comparecencia en sede judicial de Ramírez y un informe con la firma de Alba, posteriores al encuentro grabado, favorecieron que el Tribunal Supremo admitiera a trámite durante abril la querella del exministro de Industria, Energía y Turismo y expresidente del Partido Popular (PP) de Canarias, José Manuel Soria, contra Victoria Rosell, por entonces diputada de Podemos, por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y retardo malicioso, aunque la causa finalmente se trasladó al TSJC como consecuencia de la disolución de las Cortes Generales en mayo.
Tras la salida de Alba del Juzgado de Instrucción 8, el empresario entregó el 11 de mayo la grabación a su sustituta, Carla Vallejo, que elevó una exposición razonada al TSJC en la que acusó al magistrado de posibles negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, prevaricación y coacciones. Además, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también inició una investigación contra Alba después de la difusión del audio.
Finalmente, Rosell no se presentó como candidata de Podemos al Congreso de los Diputados en las elecciones del pasado junio y Soria dimitió de todos sus cargos políticos por su implicación en los papeles de Panamá.
