Fernando Senante Mascareño, uno de los asesores jurídicos que formó parte del equipo redactor del Plan General de Santa Cruz de Tenerife, declaró ayer en calidad de testigo, en la decimocuarta sesión del juicio penal por el caso Las Teresitas, que en algunas de las reuniones a las que él asistió en el Consejo Rector de Urbanismo "hubo discrepancias entre los responsables políticos del Ayuntamiento y Pía Oramas en cuanto a la tasación de dichas parcelas que reflejaba en su informe en base a ciertas cuestiones urbanísticas sobre las que hacía referencia". Añadió que en los encuentros estuvieron presentes el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, la arquitecta municipal Pía Oramas, el jefe de Planeamiento Epifanio Gómez, el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín y el secretario delegado de Urbanismo, Juan Víctor Reyes.
La arquitecta municipal había valorado en 2001 en un informe que las parcelas tenían un valor de 3.210 millones de pesetas (19,5 millones de euros), sin embargo, tras celebrarse el pleno extraordinario del 23 de julio de ese año, en el que se trató como único punto del orden del día, la adquisición de las parcelas del frente de playa, los terrenos se adquirieron el 18 de septiembre por un total de 8.750 millones de pesetas (52,5 millones de euros) o lo que es lo mismo por 5.540 millones de pesetas más (33 millones de euros más).
Senante Mascareño, que ayer prestó declaración como testigo, comentó, al hilo de la celebración de dichas reuniones previas al pleno municipal en el que se aprobó por unanimidad la compra del frente de playa, que durante las mismas, y al menos mientras él estuvo presente, "no" observó que se produjeran presiones de parte de los miembros de la Corporación local hacia la arquitecta municipal, como sí ha declarado ella misma en la fase de instrucción de esta causa así como diferentes testigos. Una de ellos, compañera suya y secretaria delegada de la Gerencia de Urbanismo hasta el pasado mes de junio, Luisa del Toro, relató incluso que la propia Oramas llegó a temer por su vida hasta el punto que "en una ocasión le comentó [Oramas] donde guardaba el informe de tasación que había hecho para que lo hiciera público en el caso de que le pasara algo".
Senante compareció, al igual que lo había hecho previamente el arquitecto y jefe del equipo redactor del Plan General de Ordenación de la capital tinerfeña de 1992, José Ángel Domínguez Anadón, a petición de la defensa de Juan Víctor Reyes, exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo.
Con el cuestionario elaborado por los abogados de las defensas, los dos expertos demostraron tener "una memoria vívida" -como llegó a decir el propio Domínguez Anadón- sin embargo, cuando le tocó el turno de hacer las preguntas a la fiscal, esa memoria les jugó una mala pasada y ambos empezaron a flaquear en los hilvanados argumentos que habían mantenido hasta entonces.
Senante Mascareño, experto en normativas urbanísticas, aseguró -a preguntas de la delegada provincial de la Fiscalía Anticorrupción, María Farnés- que había participado en una reunión en junio de 2001 con Pía Oramas, en la que destacó que no hubo presiones para que la arquitecta municipal suscribiera una valoración de los terrenos encargada a Tinsa por 63 millones de euros. Dicha firma no se llegó a plasmar nunca en el citado estudio que figuró luego en el expediente llevado al pleno, como tampoco se incluyó el informe que ella misma había elaborado a petición del propio concejal de Urbanismo en aquellas fechas, Manuel Parejo.
En un momento del interrogatorio, Senante comenzó a balbucear y a beber agua de un vaso que había pedido al auxilio judicial. Su nerviosismo se hizo patente cuando más adelante, incluso, ya no sabía decir con seguridad si en aquella reunión a la que él había asistido estuvo presente Manuel Parejo.
No obstante, añadió que en esa reunión sí estuvieron presentes el entonces gerente de Urbanismo, José Tomás Martín; el secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, Manuel Víctor Reyes; y el jefe de planeamiento y superior de Pía Oramas, Epifanio Gómez.
