El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, elogió ayer la independencia de los fiscales y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al combatir la corrupción, a pesar de que están sometidos jerárquicamente al poder Ejecutivo. Destacó que el hecho de que "investiguen, averigüen y acusen a personas del estamento político o incluso del mismo partido de sus superiores demuestra la independencia, efectividad y salud de nuestro sistema represivo". ¿Incluso cuando investigan a los magistrados? "Sí, también", aseguró en declaraciones a los periodistas, tras la apertura del año judicial en las Islas, en la que los magistrados Salvador Alba y Victoria Rosell acapararon todo el protagonismo tras volver a la escena pública su conflicto por una grabación de audio del dueño del Grupo Ralons, Miguel Ángel Ramírez, en la que presuntamente pacta con Alba una declaración judicial contra la exdiputada de Podemos por Las Palmas.
Doreste eludió pronunciarse sobre este asunto, ya que pertenece a los órganos que deben enjuiciar a ambos magistrados.
Segundos antes de que arrancara el solemne acto de inauguración del curso judicial se hacían apuestas sobre si Alba y Rosell harían acto de presencia y así fue. La juez del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria apareció acompañada por su amiga y compañera de refuerzo Carla Vallejo y, minutos después, llegó el magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, que se sentó dos filas detrás. Los tres hicieron todo lo posible por esquivarse.
En medio de la polémica tras un informe de la Guardia Civil sobre la autenticidad del audio aportado por el empresario Ramírez sobre su conversación con Alba, los gestos de los tres togados atrajeron todas las miradas de los presentes.
"Jueces y magistrados están sujetos al imperio de la ley", recordó en su discurso el presidente del TSJC, que destacó la independencia de estos, "claramente demostrada" y garantizada por la Constitución, que impide injerencias de ningún tipo. Igualmente, hizo hincapié en la labor de los fiscales y las fuerzas y cuerpos de seguridad que, aunque dependen del poder Ejecutivo, actúan con independencia.
Durante su intervención, Doreste comentó que en las causas de corrupción política debe rechazarse "la impresión demasiado extendida de generalización de estas conductas" y defendió la honradez de la "gran mayoría de políticos". En su opinión, no parece que actualmente exista mayor nivel de corrupción, sino que "ahora se detecta y se persigue más y se le da mucha mayor difusión por los medios de comunicación". Tal visibilidad conlleva, a su entender, un "efecto ejemplarizante", ya que "todas la personas que ocupan un cargo político y pueden verse tentadas a aceptar comisiones o sobornos se ven frenadas porque ven que están aflorando y siendo perseguidos y difundidos los casos de corrupción".
Respecto a las macrocausas, alegó que el retraso en su tramitación deriva de su complejidad y de los mecanismos procesales lentos, ya que el sistema ofrece garantías para los ciudadanos sometidos a un proceso penal, pero esas mismas garantías suponen un inconveniente, al facilitar que el investigado recurra a la "táctica habitual" de "abusar" de los recursos y "ganar tiempo" para dilatar el procedimiento. Ante ello planteó fraccionar la causa en piezas separadas, asignar jueces de refuerzo y crear un cuerpo de funcionarios judicializados especializados en aspectos económicos, que auxilie al juez instructor y al fiscal.
En su alocución, subrayó que "se mantiene en términos aceptables la eficacia" de los órganos judiciales en Canarias, como así lo demuestra la evolución desde 2014 a 2015 de las tasas de resolución de asuntos, pendencia y cogestión, que han pasado del 1,2 al 0,8%; del 7,8 al 4,3%; y del 1,9% al 1,5%, respectivamente. Si bien admitió notables dilaciones en la ejecución de las sentencias en algunos juzgados, por lo que "ha habido cierta mejora del servicio", pero resulta "insuficiente".
Reconoció deficiencias en las sedes de Puerto del Rosario y Santa Cruz de Tenerife y, en cuanto a los medios personales dependientes de la administración autonómica, resaltó que la plantilla está completa con 1.317 funcionarios. Además del nombramiento de 195 funcionarios adicionales como refuerzo. A ellos hay que sumar 207 letrados de la Administración de Justicia y 14 jueces de refuerzo, aparte de otros 268 que conforman la plantilla ordinaria.
Entre los motivos de las disfunciones en la Justicia, se refirió al sistema de recursos que frena la rapidez en la resolución de los litigios; los "bruscos cambios normativos" sin llevar aparejados más recursos y la dificultad que supone la coordinación de las tres administraciones de la que dependen los órganos judiciales: el Estado, la Comunidad Autónoma, y el Consejo General del Poder Judicial. Cree que el funcionamiento sería más ágil si solo se dependiera de una.
