El Gobierno canario ha puesto en marcha el cronómetro de la cuenta atrás para poder empezar de una vez a discutir con el Estado la agenda de asuntos que se marcó como objetivo al inicio de la legislatura y que se ha visto lastrada por el bloqueo político en Madrid y al interinidad en la que se encontraba desde hace más de un año el actual Ejecutivo central en funciones. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, confía sin embargo en que una inminente investidura de Mariano Rajoy, líder del PP, en la última semana de octubre, abra por fin el calendario de negociaciones para todos los temas pendientes entre la comunidad autónoma y el Estado: reforma del REF económico, sistema de financiación, convenios e inversiones de infraestructuras, planes de empleo, estrategia en Europa, mejoras en el transporte, o reforma del Estatuto, entre otros.
La impresión en el seno del Ejecutivo regional, incluidos los consejeros socialistas, es que la abstención ante la investidura de Rajoy se impondrá en el PSOE tras la derrota de Pedro Sánchez y la toma del poder por los barones territoriales, y que el presidente de la comisión gestora, Javier Fernández, buscará la forma de permitir un gobierno del PP como salida menos mala para el partido. Clavijo y el conjunto de CC llevan esperando este marco desde la anterior frustrada investidura de Rajoy en agosto pasado y a día de hoy consideran conjurado casi del todo el riesgo de terceras elecciones. Tanto los nacionalistas como el PP consideran plenamente vigente el acuerdo firmado para la ocasión sobre el desarrollo de la agenda canaria y no ven necesaria ninguna negociación complementaria de cara a una hipotética nueva investidura.
Calendario
Los cálculos en el Ejecutivo regional son que la próxima semana se concretará la abstención socialista al Gobierno del PP, que el Rey empezará las consultas con los grupos parlamentarios a partir del día 17 y que el Congreso volverá a vivir una nueva investidura de Rajoy a finales de mes, en sesiones entre los días 26, en el que se presentará el programa de gobierno, y el 29, fecha para la segunda y definitiva votación. Son la fechas topes, aunque todo podría adelantarse unos días, con la investidura en la semana anterior, en función de los avances internos en el PSOE para decidir la abstención.
A partir de ahí, el Gobierno regional cuenta con tener ya un interlocutor en Madrid desde las primeras semanas de noviembre para empezar a analizar la aplicación y desarrollo de la agenda canaria. Lo primero sería ver si habrá proyecto de presupuestos para el 2017, que se tendrían que tramitar ya a partir de enero, o si se mantendrían prorrogados los actualmente en vigor con ajustes en determinados capítulos realizados a través de decretos ley, como ocurrió en 2012 tras la prórroga de las cuentas del 2011 antes de que se llevara un proyecto al Congreso.
Esta es una de la piezas claves de la inminente negociación con el nuevo gobierno, si se confirma la investidura de Rajoy, ya que de ella dependerá la viabilidad de buena parte de los puntos firmados por CC y el PP en Madrid, porque la prórroga impediría consignar nuevos fondos. Según distintas fuentes, Rajoy sopesa mantener la prórroga de las cuentas del 2016 dada la dificultad que tendrá para aprobar unas nuevas si el PSOE, como ha dicho su actual dirección, "podría o no permitir la investidura, pero en ningún caso la estabilidad".
En todo caso, el Gobierno de Canarias ya se está moviendo en la actualidad en clave de Gobierno del PP en Madrid, y no oculta su complicidad con determinados ministerios pensando en el inmediato futuro aunque sus titulares estén ahora mismo en funciones, en particular con el de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyo titular de momento, Cristóbal Montoro, asumió la propuesta canaria de reformar la ley de Estabilidad para poder aprobar de manera urgente un techo de gasto para las comunidades autónomas y que éstas puedan ya elaborar sus presupuestos. También con el Ministerio de Fomento se dialoga y se avanzan no sólo en el compromiso de pago de fondos pendientes del 2016, como los más de 90 millones del convenio de carreteras, sino que se abren posibilidades de mejoras en las inversiones y en las condiciones y cuantías de las ayudas al transporte.
Como ejemplo de esta nueva etapa y de la voluntad del PP de asumir la agenda canaria y desarrollarla, su grupo apoyó el pasado martes en el Congreso, donde se aprobó por unanimidad, la propuesta de Oramas para recuperar el PIEC, y sus 42 millones de fondos anuales para políticas activas de empleo, mientras que por otro lado la propia diputada de CC eludió cualquier referencia o crítica al hecho de que el Gobierno del PP lo eliminara en 2013 de los presupuestos estatales. Si el PIEC es el primero de los deberes canarios que ya se encontrará sobre la mesa el próximo gobierno si es que finalmente no hay elecciones, la reforma del Estatuto de Autonomía se vería en la Cámara Baja en los primeros días de vida de ese Ejecutivo, a primeros de noviembre.
Coalición Canaria cuenta ya que el arranque de la legislatura con la actual aritmética parlamentaria daría a Oramas la oportunidad de jugar un papel importante como diputada 170 de la mayoría que, a efectos prácticos, sostendría al Gobierno gracias a los 137 escaños del PP, los 32 de Ciudadanos y el de la propia tinerfeña, aunque con necesarios acuerdos con otras formaciones políticas en función de los temas y las leyes a aprobar. Aunque no se trata de un acuerdo de legislatura, podría funcionar como tal pero sin comprometerse a nada con los populares.
