Los procedimientos judiciales incoados en Canarias en 2015 descendieron casi un 6% en relación a 2014, según la memoria de la fiscalía de la comunidad autónoma.

El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, presentó este lunes esa memoria a la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, en un acto protocolario previo a su próxima comparecencia en comisión parlamentaria para exponer los detalles de la actuación de la fiscalía en 2015.

Garrido señaló como principales preocupaciones de la fiscalía el mantenimiento de los delitos por violencia de género, que se mantienen, los casos de corrupción, que intranquilizan a los ciudadanos y generan desconfianza en las instituciones, y los delitos contra la seguridad vial, que cuestan muchas vidas.

Respecto a la violencia de género, se lamentó de que no desciendan los delitos e incluso de que estén aumentando entre los jóvenes, con crecientes coacciones, amenazas e intentos de control a las mujeres a través de las redes sociales y las nuevas tecnologías.

En cuanto a la corrupción, genera "honda preocupación" en la fiscalía, que emplea para perseguirla "todos los medios a su alcance", aseguró Garrido.

Preguntado por las conversaciones en las que el juez Salvador Alba presuntamente acuerda una declaración con el empresario Miguel Ángel Ramírez sobre la exdiputada de Podemos y también juez Victoria Rosell, el fiscal superior no quiso pronunciarse.

Este caso "es objeto de investigación en un procedimiento penal en el que participio como fiscal", por lo que no puede manifestarse al respecto, comentó.

"Comparto la perturbación de la ciudadanía, pero estamos en un estado de derecho" y este caso "será objeto de análisis y valoración" por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, señaló.

En cuanto a los medios de los que dispone la fiscalía, Garrido dijo que en cuanto a medios materiales no tiene queja, ya que incluso los fiscales canarios están por encima de la media española.

Los problemas se producen por la falta de personal auxiliar, con una ratio de 0,8 empleados por fiscal, así como por la nuevas plazas de fiscales.

Achacó estos problemas de personal a la falta de convocatorias derivada de la crisis económica.