Apenas 15 minutos tardaron los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en ventilar las piezas separadas dos y tres del denominado caso Las Huertas, una hijuela del caso Las Teresitas. El motivo: la incomparecencia de los letrados de las acusaciones particulares a la vista oral prevista para la jornada de ayer. A la Fiscalía, pues, no le quedó otra que retirar también su propuesta provisional de calificación penal al entender que los interesados habían desistido en mantener las acusaciones contra los exdirectivos de la Junta de Compensación por la presunta comisión de delitos de estafa.
La misma Junta fue la que posibilitó que los titulares de Inversiones Las Teresitas, Ignacio González y Antonio Plasencia, se hicieran con los terrenos del frente de la playa de la capital santacrucera.
En la pieza número dos aparecían como acusados el expresidente de la Junta Jerónimo Delgado; el exsecretario Ángel Fernaud y el abogado y asesor jurídico de este colectivo, Mauricio Hayek, mientras que en la pieza número tres también se acusaba a quien había sido tesorero Clemente Martín. En ambos pleitos dos antiguos propietarios les habían acusado de la presunta comisión de un delito de estafa en la compraventa de una parcela en 1987 y, por otro lado, una expropiación en la misma área de parcela que ILT compraría y luego revendería al Ayuntamiento.
Las acusaciones de los dos perjudicados solicitaban penas de tres años de prisión para cada uno de ellos así como dos millones de euros de los que responderían solidariamente. Sin embargo, casi de antemano se sabía que las pretensiones de los afectados no iban a poder prosperar pues los delitos que se habrían cometido ya habían prescrito cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó la querella por el caso Las Teresitas.
El presidente de la Sección Quinta, Francisco Javier Mulero, ha señalado para el próximo día 24 la primera sesión de la vista oral de la pieza principal de este caso en el que volverán a sentarse en el banquillo los mismos acusados por los delitos de apropiación indebida, falsificación de documentos públicos y falsificación por particular de documento público, oficial o mercantil.
