El aparato oficial de Podemos en Gran Canaria ha puesto las discrepancias con el díscolo Juan Manuel Brito, vicepresidente segundo del Cabildo, en manos de la Secretaría de Organización Estatal y la Comisión de Garantías de la formación morada. Casi un centenar de integrantes de círculos, cargos orgánicos y públicos del partido han alumbrado un manifiesto en el que rechazan las críticas lanzadas por Brito contra el aparato del partido tras archivarse la causa que se seguía contra él por presuntos abusos a una menor.

"El conjunto de la organización celebra el archivo de esa denuncia, pero no por ello debemos dejar de aclarar todo el discurso falaz y victimista construido en torno a una situación ajena", señala el escrito. El aparato del partido se considera auténtico perjudicado por la suspensión de militancia de Brito, " ya que, con el argumento de la misma y con la connivencia del Consejo Ciudadano Insular, el consejero se ha negado sistemáticamente a contar" con el partido "para decidir sus actuaciones políticas".

Además, los firmantes explican que la actitud del vicepresidente segundo de la institución insular ha alimentado "injerencias de Nueva Canarias en general y de Antonio Morales [presidente del Cabildo] en particular". Para ejemplificar estas, toman unas declaraciones del mandatario insular en las que aseguró que no iba a "prescindir de los consejeros aunque Podemos los expulse".

En su petición de actuaciones a Madrid, los 90 integrantes de la formación que rubrican el texto señalan que "desde hace más de un año es que el Consejo Ciudadano Insular es un órgano disuelto de facto, pues en todo este tiempo han incumplido deliberadamente sus funciones, rompiendo la conexión entre la organización municipal y nuestro grupo político del Cabildo". De esa manera, siempre según los oficialistas, Brito y los suyos les habrían negado "el derecho y la obligación de fiscalizar, debatir y decidir las actuaciones políticas".

Esa supuesta dejación la hacen extensiva a los integrantes consejeros y las consejeras del grupo de Podemos en el Cabildo Insular de Gran Canaria, que habrían incumplido "tanto el código ético como los estatutos del partido". Tanto al órgano como a los cargos públicos aludidos les exigen "el respeto y colaboración que merecen los círculos y órganos municipales".

Por todo ello, solicitan a la Secretaría de Organización Estatal y a la Comisión de Garantías una intgervención inmediata para resolver "un problema" que, en su opinión, "ha desviado a la organización insular y sus cargos públicos en el Cabildo de los principios más básicos del partido: participación, transparencia y control democrático.