Hace un año, en el verano del 2015, se firmó entre Coalición Canaria y el Partido Socialista el pacto titulado Por el crecimiento y el progreso económico y social de Canarias. En base a él se constituyó el nuevo gobierno de coalición, presidido por Fernando Clavijo. Este gobierno contó con el respaldo de una mayoría sólida de 33 diputados. Y reflejaba la voluntad de los electores canarios, expresada en las urnas, que habían dado 18 diputados a CC y 15 al PSC-PSOE, los dos partidos más votados.
El pacto reflejaba, a su vez, un equilibrio razonable a nivel regional, con cierta armonía con los equilibrios políticos de cada isla. En el Parlamento dominaban las fuerzas de centro y centro izquierda, dejando a su derecha un partido popular disminuido por la política del Gobierno central con las Islas. Y a la izquierda una fuerza nueva y ascendente, Podemos, que ponía el acento en una nueva agenda social. En este nuevo mapa político, el único descolocado, que no termina de encontrar su sitio, es Nueva Canarias, que se mueve en el dilema de competir con Podemos por el nuevo electorado de izquierdas o contribuir a gobernar Canarias en un momento tan difícil para el Archipiélago.
El hecho es que ese acuerdo para la gobernabilidad ponía el acento en "el progreso social y económico" de Canarias. Se definía, pues, como un acuerdo de carácter progresista y no conservador. En consonancia con la gran crisis de la sociedad canaria, que alcanza niveles récord de desempleo, precariedad y desigualdad, a causa de la crisis y del injusto trato dado a Canarias en los últimos años por el Estado.
El Gobierno canario fue consciente desde el primer momento que para poner en marcha su programa de gobierno y acometer sus más urgentes prioridades, era necesario recuperar lo antes posible los programas especiales que constituyen el Pacto Canarias-Estado de 1996. Pacto que fue la clave del progreso económico y social del Archipiélago durante doce años. Desgraciadamente, esos programas habían sido reducidos al mínimo o eliminados sin contemplación por el gobierno popular de los últimos cuatro años.
La reducción de las inversiones del Estado, de los programas sociales y de los recursos para la financiación de los servicios públicos, Sanidad y Educación, duplicó de manera arbitraria los recortes que también se produjeron en las restantes comunidades españolas. En conclusión: en estos últimos años, Canarias se convirtió en la comunidad autónoma más discriminada de España y, en consecuencia, alcanzó los indicadores sociales más graves del conjunto de la UE.
No es de extrañar que el Gobierno de Clavijo se fijara desde el primer momento una prioridad: la llamada Agenda Canaria, que debía servir de base para una nueva negociación con el Estado. El objetivo estaba claro: recuperar lo que el Gobierno central había sustraído a Canarias en estos años. Y así lo intentó. El Gobierno de Canarias acertó en fijar sus prioridades, pero se equivocó en cómo negociarlas.
Desaprovechó la primera oportunidad que se presentó con los Presupuestos de 2016 que se discutieron y negociaron en el verano del 2015. Montoro y la señora Pastor utilizaron todas las estratagemas del arte del engaño y los negociadores canarios cayeron como unos pardillos. Los entretuvieron con la golosina de la recaudación del IGTE y, a cambio, ofrecieron aplazar para el año siguiente la negociación de los grandes programas. Pero "el año siguiente" no termina de llegar: pasa el tiempo y cada vez es "el año siguiente". Mientras tanto, el Gobierno de Canarias anda, como alma en pena, de mesa en mesa de negociación, pidiendo que le devuelvan lo que es suyo.
Un año después
Todo el mundo sabe que en política hay una regla elemental: no se puede gobernar si te faltan los recursos imprescindibles para hacerlo. Se puede ganar tiempo "vendiendo humo" o aparentando que las soluciones están a punto de llegar aunque no llegan. Pero los tiempos se acaban, las apariencias terminan por agotarse y llega la realidad que te desnuda. Cuando no hay dinero para nuevas inversiones de infraestructuras, en este caso de carreteras, estallan los conflictos que siempre son más enconados cuando se trata de repartir "la miseria".
El presidente del Cabildo de Tenerife de Coalición Canaria, y no la oposición, encabeza la rebelión contra su propio gobierno. Ha hecho del anillo insular y de otras inversiones básicas las piezas maestras del ambicioso programa que llama Tenerife-2030. Y como no puede conseguir las inversiones para iniciarlo, se ha dejado llevar del "delirio isloteñista" que suele afectar a todos los presidentes de cabildos de Canarias, antes o después. El delirio les lleva unas veces a descalificar y otras a insultar a sus socios de gobierno, en vez de hacerlo contra la Administración central, que es la única culpable por no cumplir ni el convenio de carreteras ni los restantes convenios. Esa parte de la ATI más torpe que aún sobrevive dentro de Coalición Canaria de Tenerife le ha dado por desestabilizar en este momento tan difícil a su propio gobierno.
Y cumple con la regla que los problemas estallan cuando la escasez se agudiza. Esto también ha ocurrido con la Sanidad canaria. Un servicio tan esencial lleva mucho tiempo soportando un déficit anual de más de 300 millones. El déficit, naturalmente, no lo sufren los políticos sino directamente los pacientes, que por supuesto no están dispuestos a aceptar con resignación el recorte de servicios tan esenciales. El resultado es el inevitable y provoca un grave conflicto en el seno del Gobierno entre nacionalistas y socialistas. Y se agrava aún más cuando se mezclan problemas de escasez de recursos con ineficiencias de gestión. La explosión no ha podido ser controlada: ha provocado efectos en cadena y una crisis de gobierno que dura ya varias semanas y en la que aún estamos.
No hay nada peor en política, y también en la vida, que esconder la gravedad de los problemas y disimular para no enfrentarse a ellos. En ese error se cae con frecuencia en estas islas: los partidos en los momentos de crisis huyen hacia adelante y esconden las razones profundas de los conflictos. A los socialistas se les suman dos crisis: la crisis política de aquí y sus diferencias internas, junto a la profunda crisis de identidad que están sufriendo en toda España. No es de extrañar por tanto que dé la impresión de dar palos con el rabo. Y en el caso de CC, la crisis de gobierno provoca la explosión de los insularismos mezquinos, que les lleva a olvidar que pactaron un programa de gobierno para "el progreso social y económico" de toda Canarias.
Tres años antes
Una situación así no se puede despachar con declaraciones superficiales con afán tranquilizador del tipo de las que han hecho estos últimos días dirigentes nacionalistas: "las declaraciones de Alonso son un exceso innecesario" o "aquí no pasa nada, los ciudadanos están por encima de un calentón". Pero sí pasa. Lo comprendamos o no estamos ante una profunda crisis política que afecta seriamente a la gobernabilidad. Llevamos meses sin un gobierno que sepa dónde está y a dónde va. Navega sin rumbo, a bandazos, llevado por la tormenta. A ese navío se le abren constantemente vías de agua. Y, asustados, no solo la tripulación, también el capitán y los principales oficiales bajan a la bodega para arreglar los desperfectos.
Pero esto no puede seguir así. Llega la hora de volver al puente de mando a dirigir el barco, porque cada vez más se acerca el peligro de chocar contra los arrecifes. Pero ese cambio de rumbo exige una nueva hoja de ruta, que se reformulen los objetivos, se ajuste el programa y se precisen las prioridades, adaptándose al nuevo escenario político que va a vivir España a partir de la constitución de un gobierno débil y en minoría en los próximos días.
La nueva hoja de ruta tiene que ampliar los objetivos con una visión a medio plazo, al menos hasta el 2020, que le permita afrontar de verdad a Canarias los problemas de fondo que están sin resolver. No se puede seguir improvisando, dominados por la angustia de lo urgente que esconde siempre lo necesario. Y lo necesario es que Canarias tenga lo antes posible un gobierno estable y sólido, con un proyecto claro que permita su recuperación y modernización, haciendo frente a los difíciles retos que tiene que afrontar.
