El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tenía un "flagrante" interés en elevar la tasación de los terrenos del frente de playa de Las Teresitas que compró en 2001 a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, según una declaración como perito del apoderado de la compañía Sociedad de Tasación en la vista oral del juicio.

El juicio se reanudó con la fase pericial, en una sesión en la que la exarquitecta municipal Pía Oramas ha sido protagonista al relatar todas las presiones que recibió para que respaldara una valoración de los terrenos superior a la que figuraba en su informe.

Pero la sorpresa apareció cuando otro de los trece peritos, el apoderado de Sociedad de Tasación, José Luis Estevas, corroboró "el interés flagrante" del Ayuntamiento por que su empresa elevara el precio de los terrenos en su tasación.

Sociedad de Tasación, como Pía Oramas, había calculado que los terrenos tenían un valor de unos 18 millones de euros, debido a los condicionantes que pesaban sobre el aprovechamiento hotelero de las parcelas del frente de playa por cuestiones como el deslinde marítimo terrestre, las cesiones de aprovechamiento, la moratoria turística, la consolidación del suelo o la modificación del plan general.

Si embargo, ante las presiones del Ayuntamiento, Sociedad de Tasación realizó el cálculo sin considerar esos condicionantes y fijó el valor de los terrenos en 45 millones de euros, considerando el 100% del aprovechamiento.

Pero en el informe que entregó al Ayuntamiento introdujo un "anexo b" en el que se precisaba que con los condicionantes el valor bajaba a 18 millones, explicó Estevas.

La sorpresa en la sala surgió porque ese anexo b no figura en la copia del informe de tasación que remitió al juzgado el Ayuntamiento.

Por decisión del tribunal, el "anexo b" ha quedado incorporado a la causa, pese a las protestas de las defensas, que alegaban indefensión y dudas sobre su autenticidad.

José Luis Estevas relató al tribunal que decidió incorporar ese anexo al informe, pese a que acarreaba el riesgo de no cobrar el trabajo, precisamente porque el Ayuntamiento había querido que se evitaran los condicionantes urbanísticos que reducen la valoración de los terrenos.

Previamente, declaró la exarquitecta municipal Pía Oramas, a quien el Ayuntamiento encargó un informe sobre el valor de los terrenos, que fijó en unos 19 millones de euros.

El informe no fue finalmente incorporado al expediente de compraventa de los terrenos, por los que el Ayuntamiento pagó unos 52 millones de euros, lo que finalmente llevó a la anulación de la operación por el Tribunal Supremo.

En un primer momento, en marzo de 2001, el Ayuntamiento pretendió que Pía Oramas realizara el informe de un día para otro, lo cual no hizo porque era imposible en tan breve tiempo.

Eso provocó "el enfado" del entonces concejal de urbanismo, Manuel Parejo, que es de "carácter irascible", relató la arquitecta.

Finalmente hizo el informe a la semana siguiente, pero no gustó a sus superiores, que pretendían que se valoraran los terrenos sin condicionantes, como si el aprovechamiento urbanístico fuera del 100%.

Fue entonces, ante la negativa de su arquitecta a valorar más los terrenos, cuando el Ayuntamiento encargó informes externos a Tinsa y Sociedad de Tasaciones.

Después, en diferentes y "tensas" reuniones, los superiores de Oramas pretendieron sin éxito que suscribiera que la media entre las dos valoraciones realizadas por Tinsa y Sociedad de Tasación, en torno de los 52 millones de euros, era la correcta, según la versión de la arquitecta.

Pía Oramas reveló que asistió a una reunión para la presentación de la tasación de Tinsa en la que estaban entre otros Manuel Parejo, los empresarios Plasencia y González, el director de CajaCanarias, Rodolfo Núñez, y el abogado Mauricio Hayek. "Estaba todo el mundo", resumió.

Hayek estaba "muy nervioso" por cerrar la operación y advertía que de lo contrario se empezaría a construir.

Los empresarios también estaban interesados en cerrar cuanto antes la operación, y de eso hablaban con Rodolfo Núñez, debido a que el crédito de CajaCanarias con el que habían adquirido los terrenos en 1998 tenía una carencia de tres años que estaba a punto de cumplirse por lo que tendrían que empezar a devolver el capital, explicó Oramas.

Un año después de realizada la compraventa, cuando el juzgado de instrucción empezó a requerir documentación al Ayuntamiento, Pía Oramas dejó claro a sus compañeros de trabajo dónde estaba el informe, por si "pasaba algo".

El temor de Pía Oramas sobre la integridad del informe derivaba de que su superior Víctor Reyes la había instruido para que si alguien le preguntaba tenía que decir no había hecho ningún informe, sino que eran trabajos internos.

Durante sus trabajos para valorar el frente de playa, Ana Oramas albergaba dudas sobre la titularidad de los terrenos, ya que una parte figuraban como propios en el inventario municipal, lo cual comunicó a la gerente de urbanismo y esta al concejal Parejo.

"Todos lo sabían, yo iba por todos los despachos diciendo que esto puede ser nuestro", declaró la exarquitecta municipal.

Entre las presiones que recibió, Pía Oramas dijo que le abrieron un expediente supuestamente por exponer opiniones ante agentes externos al Ayuntamiento y la advirtieron con un nuevo expediente disciplinario, que supondría su expulsión, si no suscribía las valoraciones de los terrenos encargadas a las compañías de tasación.

En la sesión también declararon los peritos judiciales que realizaron un informe sobre los terrenos.

Señalaron que de los 114.000 metros cuadrados del frente de playa, 49.000 metros no son edificables, mientras que en gran parte del resto la topografía y los elevados costes de construcción por tratarse de la ladera de una montaña podrían hacer inviable el negocio hotelero que se anunciaba si el Ayuntamiento no hubiera adquirido los terrenos.