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CC y PP inician los contactos sobre los presupuestos

El diálogo se lleva a cabo en el marco de la reforma de la Ley de Estabilidad que se aprueba hoy. Los nacionalistas hacen valer el acuerdo de agosto

CC y PP inician los contactos sobre los presupuestos

Coalición Canaria y el PP han iniciado ya los primeros contactos para abordar la posible aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del 2017 sin esperar a que se produzca la previsible sesión de investidura de Mariano Rajoy la última semana de octubre y, en caso de superarla por la abstención del PSOE, la consiguiente formación de un nuevo gobierno. Fuentes de ambos partidos reconocieron ayer que los contactos se habían iniciado, pero asegurando que todavía a un nivel de "marco general" y sin entrar en materias concretas.

La negociación se plantea desde el actual Gobierno central en funciones como un objetivo a medio plazo, una vez tome posesión el nuevo gabinete, ya que formalmente las cuentas actualmente en vigor se prorrogaron el pasado viernes por el Consejo de Ministros y ayer fueron entregadas en Bruselas. Con todo, el Ejecutivo de Rajoy espera poder presentar unas nuevas a principios del año que viene y tenerlas aprobadas en las Cortes en marzo o abril, como ocurrió en 2012 tras la prórroga de los presupuestos de 201, en el último gobierno de Rodríguez Zapatero. Para poner en marcha ese plan, Rajoy ha empezado ya las conversaciones con Ciudadanos y con CC, los dos partidos que le garantizan el apoyo a la investidura y con los que ya firmó sendos acuerdos en agosto pasado, y también ha explorado contactos con el PNV. Si logra acuerdos con estos tres partidos, el PP cree tener muchas más posibilidades de sumar al PSOE a la negociación, necesaria para que las cuentas del 2017 puedan ver la luz.

Tanto desde el PP como desde Coalición se enmarcan estas primeras negociaciones en el debate que hoy mismo se producirá en el Congreso para la aprobación de la reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La finalidad es que un gobierno en funciones pueda fijar los nuevos objetivos de déficit y de deuda de cada nivel de la Administración, y que las comunidades autónomas dispongan ya de un techo de gasto y puedan iniciar la elaboración de sus respectivos presupuestos. Era una de las reivindicaciones centrales del Gobierno de Canarias y el principal objetivo en las negociaciones que en los últimos meses ha mantenido con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

La consejera de Hacienda del Gobierno regional, Rosa Dávila, reconoció ayer haber mantenido permanentes conversaciones con Montoro a lo largo de las últimas semanas, sobre "el escenario presupuestario" y los acuerdos y compromisos pendientes, si bien aseguró que por ahora no se ha "involucrado" en nuevas negociaciones directas, que recaen más en el ámbito parlamentario.

La diputada de CC, Ana Oramas, no quiso precisar ayer el nivel en el que se encuentran la negociaciones, pero recordó que "prácticamente todo el contenido de nuestro acuerdo con el PP para la investidura se refiere a los presupuestos".

Desde el PP se reconoce también que se han iniciado los primeros contactos, vinculándolos a la necesaria reforma legal que se inicia hoy para que surta efecto la holgura presupuestaria concedida por Bruselas, a través de la autorización para ampliar el déficit y la deuda. Esa holgura se lograría teniendo unos nuevos presupuestos, porque si no, señala, "no nos serviría para nada y estaríamos encajonados".

Por ello, sin querer reconocer como "negociaciones formales" los contactos mantenidos con algunos grupos, entre ellos, CC, "porque no hay aún ni nuevo Gobierno, ni proyecto de Ley de Presupuestos", el PP considera que las reformas abordadas en el Parlamento deben tener su continuidad en unas nuevas cuentas.

Entre los compromisos asumidos por el PP en agosto para la investidura de Rajoy, que sigue vigente de cara a una nueva votación la próxima semana, se encuentran asuntos como la recuperación del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), una dotación adecuada de los convenios de infraestructuras, mejora de las políticas y ayudas al transporte y a la agricultura, y ayudas en materia energética y turística, además de una reforma del REF económico que garantizaría una inversión equivalente a la media estatal.

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