18 de octubre de 2016

Jueces para la Democracia exige celeridad en las causas contra Alba

La petición se dirige al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de Canarias

19.10.2016 | 09:19
Salvador Alba charla por teléfono durante la apertura del año judicial, a principios de octubre.

Jueces para la Democracia (JpD) ha reclamado este martes al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "mayor celeridad" en la tramitación de los procedimientos penales y disciplinarios abiertos contra el juez de Las Palmas de Gran Canaria Salvador Alba.

El colectivo profesional se refiere así en un comunicado a las investigaciones abiertas en los dos ámbitos para averiguar si el magistrado Alba trató de orientar la declaración del empresario Miguel Ángel Ramírez en un procedimiento por delito fiscal para que perjudicara a la anterior instructora del caso, Victoria Rosell, exportavoz de JpD y entonces diputada nacional de Podemos.

Mediante una nota de prensa, Jueces para la Democracia defiende que esos hechos "han sido confirmados por las grabaciones originales" recuperadas por la Guardia Civil del dispositivo utilizado por Miguel Ángel Ramírez para registrar la reunión en la que el juez Alba, presuntamente, le orientó sobre lo que debía declarar la próxima vez que él lo citara formalmente como imputado, a cambio de obtener supuestos beneficios procesales.

"Todas estas circunstancias resultan anómalas y destinan intencionalidades políticas de la peor especie", opina esta asociación de jueces, que denuncia que cualquier "uso torticero de la jurisdicción supone un intenso deterioro de la credibilidad" del sistema judicial.

JpD defiende que nada de esto "hubiera sido posible" sin la reforma de la Ley del Poder Judicial aprobada a finales de 2012, que creó un sistema de sustituciones de los jueces "basado en el simple voluntarismo del sustituto ante una vacante en un Juzgado, lo que posibilita el traslado de un magistrado a otro órgano judicial con solo pedirlo y sin evaluar los posibles conflictos de intereses".

En este contexto, este colectivo de jueces cuestiona que se permitiera a Salvador Alba, magistrado de la Audiencia de Las Palmas, cubrir la vacante que dejó Victoria Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria durante los meses en los que ejerció como diputada de Podemos en el Congreso.

"Sorprende que un magistrado de una sección penal de la Audiencia Provincial que va a juzgar, por sí o en apelación, asuntos en segundo grado del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, se apreste a sustituir en ese Juzgado y, más grave aún, que no haya evaluación alguna de la idoneidad, procedencia y oportunidad del nombramiento", argumenta.

JpD considera que las razones argüidas para evitar sustituciones externas, como las restricciones presupuestarias, "en ningún caso pueden hacer que las garantías de independencia con que ha llevarse a cabo la función judicial queden relajadas, cuando no disminuidas o incluso suprimidas".

Los hechos que relata Jueces para la Democracia en este comunicado han dado lugar a dos procedimientos penales ante el TSJC: uno contra Victoria Rosell impulsado por el exministro José Manuel Soria, que la acusa de haber retrasado por intereses personales el caso del empresario Ramírez, y otro contra Salvador Alba, a quien el fiscal imputa negociaciones prohibidas a funcionarios.

A ellos se sume una querella más reciente interpuesta por Alba contra Rosell y otra magistrada, Carla Vallejo, en relación con las circunstancias en las que se aceptó como prueba la grabación que le hizo Miguel Ángel Ramírez durante la reunión que mantuvo con él.

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