18 de octubre de 2016
Juicio por el Caso Las Teresitas

Pía Oramas sostiene que los terrenos no eran edificables

La exarquitecta municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife señala que las parcelas estaban en terreno urbano no consolidado

18.10.2016 | 18:58

La exarquitecta municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Pía Oramas dijo este martes que en los terrenos del frente de playa de Las Teresitas, adquiridos por el municipio en 2001 supuestamente para evitar la construcción de hoteles, en realidad no se podía edificar, ya que, entre otras razones, hubiera sido necesario primero adaptar el plan parcial de la playa al plan general de la ciudad.

Oramas, que junto a otros doce peritos comparece durante esta semana y la próxima en la vista oral del juicio de Las Teresitas, sostuvo que las parcelas del frente de playa estaban en terreno urbano no consolidado, lo que obligaba a los propietarios a ceder al Ayuntamiento el 10% del aprovechamiento urbanístico, lo cual nunca se hizo.

Además detalló que para construir hoteles en la zona habría tenido que ser urbanizada y equipada para acoger a los 12.000 habitantes previstos.

"El 60% de los municipios de Canarias no alcanza esa población, imagínense las infraestructuras necesarias" en la playa, dijo Pía Oramas, en referencia a necesidades de abastecimiento de agua, vías de acceso, alcantarillado o electricidad en un lugar en el que ni había ni hay esos servicios.

Ni siquiera había alumbrado público, "sólo dos postes, por eso van allí las parejas, estaba claro que era un suelo urbano no consolidado", dijo la exarquitecta.

El informe de valoración que realizó en 2001 Pía Oramas calculó en 18 millones de euros el precio de los terrenos, pero el Ayuntamiento encargó informes externos a Sociedad de Tasación y Tinsa que elevaban el precio a 45 y 60 millones de euros.

Finalmente, el Ayuntamiento cerró la compra por 52 millones y no incluyó el peritaje de su exarquitecta en el expediente de compraventa, razón por la cual el Tribunal Supremo anuló la operación.

Por este presunto pelotazo se sientan en el banquillo los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, que eran los propietarios de los terrenos, así como funcionarios y políticos municipales como el exalcalde Miguel Zerolo, el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, y los exportavoces de PSOE y PP, Emilio Fresco y José Emilio García Gómez.

Los terrenos del frente de playa, según Pía Oramas, estaban además afectados por el deslinde marítimo terrestre en cinco de las once parcelas hoteleras, de manera que sin cambios en el plan general eran "inedificables" por ser propiedad del Estado, sostuvo.

En esa opinión coincidieron los peritos judiciales Vicente Fernando Hernández y Alberto Núñez, quienes señalaron que en esa parcelas había 17.000 metros cuadrados afectados por el deslinde.

También hubieran caído dentro del terreno público marítimo terrestre las vías de acceso a los edificios de hoteles que se pretendían construir.

Sin embargo, otros peritos citados por las defensas discreparon de las interpretaciones de la exarquitecta y los dos peritos judiciales.

Así, Jordi Duatis señaló que al haber un plan parcial aprobado en Las Teresitas, los derechos edificatorios estaban consolidados, mientras que Javier Domínguez Anadón aseguró que toda la zona se podía urbanizar de forma simultánea a la construcción de hoteles porque el Cabildo la había situado fuera del ámbito turístico.

Gerardo Roger Fernández, también perito de las defensas, defendió que el valor urbanístico aprovechable había que peritarlo al 100% y por lo tanto los terrenos tenían más valor.

Afirmó que el plan parcial de Las Teresitas se redactó de acuerdo con la ley del suelo de 1956 y por tanto tampoco se podía exigir a los propietarios la cesión del 10% de aprovechamiento urbanístico en beneficio del Ayuntamiento.

Joaquín Jalvo, otro de los peritos nombrados por las defensas de los acusados, aseguró que el suelo de Las Teresitas era urbano consolidado con carácter de solar, así que era edificable a falta de las obras de urbanización ordinarias imprescindibles.

Este perito admitió que había cuatro parcelas afectadas por el deslinde marítimo terrestre, pero eso no resta valor a los terrenos porque, pese a todo, se podía materializar el 100% de los aprovechamientos previstos en la parte no afectada.

También Gerardo Roger Fernández defendió que aunque los terrenos estaban afectados en un 15% por el deslinde marítimo terrestre, en el 85% restante cabía perfectamente toda la superficie edificable prevista en el proyecto de urbanización.

La validez de ese proyecto de urbanización también suscitó discrepancias entre la fiscal María Farnés Martínez y los peritos de las defensas.

El ministerio público sostiene que ese proyecto de urbanización nunca entró en vigor, mientras que los peritos defendían que estaba vigente desde 1989 por silencio administrativo.

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