José Luis Estevas-Guilmain y Muñoz, apoderado de Sociedad de Tasación (ST), reveló ayer que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tenía un "flagrante interés" por incrementar el precio de las parcelas del frente de playa que se compraron en septiembre de 2001 por 8.850 millones de pesetas (52,5 millones de euros). Su afirmación, expresada en una sesión en la que comparecieron 14 peritos en el juicio penal del caso Las Teresitas, fue apoyada por un documento que mostró en sus manos y del que hasta ese instante se desconocía su existencia. Estevas-Guilmain manifestó que cuando "cayó" en sus manos el informe de tasación encargado por el Ayuntamiento a ST -que valoraba los terrenos en 45 millones de euros con los condicionantes que se indicaban desde Urbanismo- observó que era "flagrante el interés que había porque saliera a un mayor precio del real", y entonces, dijo, dio orden de que "aún a riesgo de no cobrar los honorarios, se hiciera un anexo con las limitaciones de las normativas vigentes y las restricciones de edificabilidad".
Estevas-Guilmain no se había percatado aún de la bomba que acababa de lanzar sobre el plenario de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
La fiscal Anticorrupción María Farnés Martínez-Frigola le preguntó si constaba dicho documento en alguna parte, a lo que Estevas-Guilmain contestó afirmativamente: "Me extraña que no esté en los autos ya que fue entregado al cliente [el Ayuntamiento], porque era un anexo que acompañaba al mismo informe que se entregó a la Gerencia de Urbanismo" ya que, según añadió, "Sociedad de Tasación nunca había hecho un informe con tantas advertencias en las que se incumplía todo", incidió.
La fiscal quiso saber lo que contenía dicho anexo ya que no constaba "en ninguna parte" de las actuaciones. En dicho documento se concluye que "el valor de mercado -bajo las restricciones de edificabilidades que se derivan de la aplicación de las normativas vigentes y del desarrollo de los procesos de gestión y urbanización pendientes- de las fincas a 25 de abril de 2001 es de 3.079 millones de pesetas (18.505.163 euros)".
Dicha valoración obedecía a los condicionantes que pesaban sobre el aprovechamiento hotelero de las parcelas del frente de playa por cuestiones como el deslinde de dominio público marítimo-terrestre, las cesiones de aprovechamiento, la moratoria turística, los estándares sobre la categoría hotelera, la consolidación del suelo o la modificación del Plan General.
El nuevo documento causó un revuelo en la sala y la fiscal solicitó examinarlo. Tras echar un vistazo al mismo, reclamó al tribunal que lo integrara en el sumario, hecho que se produjo una vez que los magistrados analizaron el texto pese a las protestas de las defensas.
Antes de la declaración de Estevas-Guilmain, la arquitecta municipal Pía Oramas señaló que en febrero de 2001 se encargaron unos estudios a un departamento de la Universidad Carlos III para valorar las parcelas del frente de playa. En marzo de ese año, los superiores de Oramas pretendieron que realizara otra tasación de los citados terrenos "de un día para otro". La arquitecta señaló que eso iba a ser "imposible" en tan corto espacio de tiempo a lo que Epifanio Gómez, su jefe inmediato, le advirtió de que si no lo hacía "se iba a llevar una bronca" del concejal Parejo. Oramas aseguró que Parejo era de "carácter irascible" y, efectivamente, al día siguiente fue llamada a dirección.
A preguntas de la fiscal sobre si no podía hacer dicho informe otro arquitecto municipal, ésta refirió que Epifanio Gómez no podía hacerlo por "incompatibilidad" ya que, según recordó, "trabajaba en algún proyecto de Antonio Plasencia".
Finalmente hizo el informe en un fin de semana, pero no gustó a sus superiores, que pretendían que se valoraran los terrenos sin condicionantes, "como si el aprovechamiento urbanístico fuera del 100%". Fue entonces, ante la negativa de la arquitecta municipal a sobrevalorar los terrenos, cuando desde el Ayuntamiento se encargaron dos informes externos a Tinsa y Sociedad de Tasaciones.
Señaló que Epifanio Gómez, el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín y el secretario delegado de Urbanismo Víctor Reyes "estaban en todas las reuniones y sabían cual era el resultado" de su tasación que, según los condicionantes que existían, "se elevaba a 19,5 millones de euros", señaló. Añadió que al principio estaban "conformes" con esa valoración porque así podían negociar a la baja con los empresarios de Inversiones Las Teresitas (ILT), dueños de las parcelas del frente de playa quienes reclamaban al Ayuntamiento 60 millones de euros, según un informe encargado a Tinsa.
Asimismo, Oramas reveló que había asistido a una reunión para la presentación de dicha tasación de Tinsa en la que estaban, entre otros, Manuel Parejo, los empresarios Plasencia y González, el presidente de CajaCanarias, Rodolfo Núñez, y el abogado Mauricio Hayek, asesor jurídico de la Junta de Compensación. Tras el encuentro se le exigió que elaborara una valoración intermedia entre el estudio hecho por ST, que había fijado el valor en 45 millones de euros y la realizada por Tinsa, de 60. Oramas, asegura, fue obliga a tras advertirle con un expediente de expulsión.
