Jueces para la Democracia (JpD) exigió ayer al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y al Consejo General del Poder Judicial "mayor celeridad" en la tramitación de los procedimientos penales y disciplinarios en curso contra el magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Salvador Alba, para "depurar responsabilidades".
La asociación progresista se refirió así a las investigaciones abiertas para esclarecer si Alba orientó en marzo la declaración judicial del dueño del Grupo Ralons, Miguel Ángel Ramírez, en su causa por supuesto delito fiscal para perjudicar a la anterior juez del caso en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital, Victoria Rosell, exportavoz de JpD y en aquella época diputada nacional de Podemos.
En un comunicado, JpD mostró su "sorpresa y preocupación" por la actuación de Alba en dicho juzgado y cree que la grabación "original" de Ramírez al magistrado, en poder de la Guardia Civil, "confirma" que el juez guió el testimonio del empresario "en un determinado sentido a fin de incriminar" a Rosell.
Pese a estas "evidencias", según JpD, Alba ha interpuesto una querella contra Rosell y la juez Carla Vallejo -de la misma asociación- que ha servido en este juzgado tras su sustitución. La actuación de Alba conllevó en mayo diligencias informativas ante el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, cuyo estado se desconoce, así como un proceso penal en el TSJC.
JpD estima que "todas estas circunstancias resultan anómalas y destilan posibles intencionalidades políticas de la peor especie". Entiende que "la función judicial ha de ejercerse con plena independencia e imparcialidad, de forma que cualquier uso torticero de la jurisdicción supone un intenso deterioro de la credibilidad de nuestro sistema judicial".
La asociación sostiene que nada de esto hubiera sido posible sin la reforma de la Ley Orgánica en materia de sustituciones, que permite "el simple voluntarismo del sustituto ante una vacante en un juzgado, sin evaluar los posibles conflictos de intereses". Cuestiona que se permitiera que Alba, magistrado de la Audiencia que va a juzgar por sí o en apelación asuntos del Juzgado número 8, pudiera cubrir la vacante de Rosell los meses que fue parlamentaria.
