22 de octubre de 2016
22.10.2016

Fiscalía insta a congelar el fallo contra los areneros ilegales de Güímar

Propone esperar a contar con un marco legal que dicte cómo regenerar los barrancos

22.10.2016 | 00:19

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife es partidaria de suspender la sentencia que condena a tres de los cuatro areneros que explotaron de forma ilegal los barrancos de Güímar. Según su escrito remitido a la Audiencia Provincial el 12 de septiembre, considera que los autores de este delito contra los recursos naturales y el medio ambiente no pueden restaurar el espacio que destrozaron porque "a día de hoy no existe normativa emanada del Parlamento de Canarias" que regule la rehabilitación del territorio.

La representante del Ministerio Fiscal Francisca Sánchez recuerda que en la actualidad se tramita una proposición de ley impulsada por el Cabildo de Tenerife para regenerar la zona y defiende que su entrada en vigor "servirá de marco legislativo" para ejecutar el fallo.

Como estima que ahora mismo "no es posible" reparar el daño causado, la Fiscalía solicita a la Audiencia que pida información a la Cámara regional sobre el "calendario de tramitación" de esa iniciativa legislativa y, "en su caso, su aprobación definitiva".

La idea de que la Sección Segunda acepte suspender la condena a Antonio Plasencia (expresidente de la patronal de la construcción en la provincia tinerfeña) y a los otros dos areneros, Pedro Sicilia y José Enrique Morales, ha hecho entrar "en cólera" al abogado de las acusaciones particular y popular, Carlos Álvarez, quien advierte que se pretende "subordinar" la sentencia a una norma "que no se sabe cuándo se va a aprobar" y alerta de que la paralización del fallo puede hacer que prescriban los castigos y los empresarios se vayan "de rositas".

Tres consejerías del Ejecutivo canario han puesto pegas a la proposición de ley impulsada por el Cabildo. La iniciativa, aprobada en septiembre por el Consejo de Gobierno y que ya cuenta con el visto bueno de la Mesa del Parlamento, propone recategorizar los suelos a rústicos de protección ambiental.

De las tres consejerías -Agricultura, Hacienda e Industria-, destacan las conclusiones de esta última. Entre ellas, que la propuesta "supone una vulneración abierta del bloque de la constitucionalidad en cuanto a la competencia estatal sobre el dominio público minero" y es "contraria" a proposiciones no de ley "aprobadas en su día".

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