El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife incumplió ayer una orden judicial al tolerar el izado de la bandera de las siete estrellas verdes en su sede de la calle Méndez Núñez. Así lo considera el delegado en funciones del Gobierno central en Canarias, Enrique Hernández Bento (PP), que había presentado el recurso que llevó a la Justicia a prohibir la exhibición de la mal llamada tricolor al ser una enseña "no oficial" y tratarse de "un acto ilegal".
Hernández Bento ordenó a los servicios jurídicos de la Delegación presentar una denuncia contra el Consistorio por permitir la colocación de la enseña creada por los independentistas del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (Mpaiac), a pesar de existir un auto judicial que lo prohibía.
El delegado matizó que el cumplimiento de la ley "no corresponde solo al delegado del Gobierno, sino a todas las autoridades y responsables políticos, incluido el alcalde de Santa Cruz", a quien acusa de "haber permitido que se lleve a cabo un acto espontáneo con la presencia de concejales del Ayuntamiento y parlamentarios" regionales.
Bento recordó que el mástil en el que se izó la bandera es propiedad del Ayuntamiento y culpó al alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, de "burlar" a la Ley y la Justicia "al permitir que el acto se haya llevado a cabo" sin hacer "nada para evitarlo".
A las 9.30 horas, concejales de Santa Cruz, diputados regionales y vecinos se concentraron frente a la Casa de los Dragos ataviados con la tricolor. Las Juventudes de CC habían convocado el viernes la concentración para conmemorar el 52 aniversario de este símbolo creado por el independentista Antonio Cubillo y que representaba a un movimiento, el Mpaiac, responsable de atentados terroristas que causaron de forma directa una víctima mortal y decenas de heridos.
Coordinadora 22 de octubre
Este aniversario llevó a la Coordinadora 22 de octubre, liderada por los independentistas de Alternativa Nacionalista Canaria, a promover el izado de la bandera, homenaje que fue vetado por la Justicia en las administraciones locales que habían aprobado su celebración: los cabildos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y los ayuntamientos de Santa Cruz, Arico y Güímar.
A la concentración acudieron José Alberto Díaz-Estébanez, portavoz de CC en el Gobierno municipal de Santa Cruz; el edil de Economía y responsable de la Sociedad de Desarrollo, Alfonso Cabello, también de CC; las ediles nacionalistas de Deportes y Fiestas, Verónica Meseguer y Gladis de León; los ediles de Sí se puede Pedro Fernández Arcila, Yaiza Afonso y Asun Frías; los diputados regionales de CC-PNC José Manuel Pitti y Juan Manuel García Ramos, y el diputado de Podemos Francisco Déniz.
El Gobierno municipal comunicó el viernes que desconvocaba el acto tras recibir a primera hora de la tarde un auto del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife que suspendía "la decisión del Ayuntamiento de colocar en espacio público la conocida como bandera de las siete estrellas verdes". La resolución impedía dar cumplimiento a un acuerdo adoptado por el pleno municipal el pasado 30 de septiembre de "enarbolar en un lugar destacado de su sede central la bandera nacional de Canarias".
Aunque lo ocurrido ayer no fue un acto oficial, la Delegación del Gobierno entiende que el Ayuntamiento debía impedirlo, más cuando fue convocado por las Juventudes de CC y había concejales del equipo de Gobierno allí presentes, que en vez de acatar la decisión judicial se sumaron al homenaje. Hernández Bento detalló que la Policía Nacional estuvo presente "y tomó nota de lo sucedido y las personas allí presentes". "Ahora se remitirá un informe al juez a través de la Delegación del Gobierno para que determine qué tipo de actuación procede llevar a cabo en las próximas horas", especificó.
El alcalde santacrucero emitió ayer tarde un comunicado aclarando que el Ayuntamiento era "ajeno" a este acto y que "no recibió comunicación alguna de su celebración". El nacionalista José Manuel Bermúdez salió así al paso de las declaraciones del delegado del Gobierno en funciones, a quien recordó que el viernes firmó un decreto de suspensión del acuerdo plenario.
"La única responsabilidad de autorizar o no cualquier tipo de convocatoria o manifestación pública, de carácter personal o en representación de entidades, corresponde a la Administración del Estado, en la persona del delegado del Gobierno en funciones, así como velar por que se celebren dentro de la legalidad", aclaró el alcalde. "Pero lo que no puede obviar es que conocía que esa concentración había sido solicitada por parte de grupos políticos a la Subdelegación del Gobierno y que,aún así, no hizo nada. Desconozco el motivo", añadió Bermúdez.
"El delegado crea problemas donde no los hay y le molesta la libertad de expresión. Resulta sorprendente que solo se rebele ante las concentraciones contrarias a su ideario político", subrayó el alcalde, que concluyó: "Hay que estar a la altura de un cargo como el suyo, mostrando la tolerancia y flexibilidad que le permite la ley, sin caer en el sectarismo que muestra (...) en una cuestión que, francamente, no creo que figure entre los asuntos que más preocupan a los canarios".
Santa Cruz y los otros ayuntamientos ycabildos que habían acordado izar la bandera lo decidieron al entender que la tricolor es una enseña que con el tiempo ha trascendido su origen independentista y es aceptada por una gran parte de la población.
En Las Palmas de Gran Canaria, la coordinadora 22 de octubre congregó a tres decenas de ciudadanos para homenajear a la bandera en varios puntos de la ciudad. Fue en La Laguna donde, por la tarde, se congregó una mayor cantidad de personas -entre 1.800 y 2.000, según la Policía Local- en una manifestación en la que se corearon numerosos lemas independentistas y no se registraron incidentes.