25 de octubre de 2016
25.10.2016

El Ejecutivo enviará la Ley de Servicios Sociales a la Cámara en abril con ficha financiera

La Administración cuantificará cada medida

27.10.2016 | 01:18
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (d), la vicepresidenta, Patricia Hernández (2d), y los consejeros Pedro Ortega (3i) y Dávila (2i), ayer en el Consejo.

El Gobierno de Canarias prevé enviar la nueva Ley de Servicios Sociales al Parlamento en marzo o abril acompañada de una ficha financiera. El Consejo de Gobierno dio ayer el visto bueno a la tramitación del texto, que entra ahora en un período de alegaciones y, entre sus novedades, introducirá 19 derechos, creará el Sistema Canario de Servicios Sociales, similar al de la Salud, y un sistema único de información para todas las administraciones, además de una historia social única para cada ciudadano.

Así lo anunció la consejera de Políticas Sociales, Patricia Hernández, que precisó que a esta historia social se podrá acceder en cualquier momento a través de una "tarjeta social, que no es para pobres, sino para toda la población". Su área trabaja con Sanidad para que sea una tarjeta sociosanitaria y pueda ser empleada para ambos servicios. "Pasamos del asistencialismo a los derechos", resaltó la dirigente socialista, que defendió que éste "ha sido el proceso más participativo hasta ahora en la elaboración de una ley en la historia" de las Islas. "Hay mucho consenso", destacó Hernández, que prevé que la ley entre en vigor antes de finales de 2017.

El documento recoge más de 300 aportaciones de las tres mesas de trabajo integradas por colegios profesionales, entidades del tercer sector, cabildos y ayuntamientos.

El anteproyecto plantea que el acceso a los servicios sociales será a través de un único punto de acceso, el ayuntamiento, así como contempla la figura del profesional de referencia que atienda a cada persona. Se garantiza, por tanto, que habrá "como mínimo" 88 trabajadores sociales para tal fin. También habrá una cartera de servicios y un catálogo de prestaciones, que se creará en el plazo de doce meses para que los ciudadanos conozcan las prestaciones a las que tienen derecho.

Políticas Sociales y Hacienda, dirigida por Rosa Dávila, trabajan ya en cuantificar cada medida. "Cuando se haga ese catálogo y se reordenen los servicios estaremos en disposición de cuantificar" la ley, apuntó Dávila, que insistió: "No haremos una ley que no tenga ficha financiera". En cambio, Podemos denunció que esta normativa "no solucionará las deficiencias de los Servicios Sociales, ya que al no ir acompañada de una ficha financiera, será sólo un brindis al sol", aseguró la portavoz en la Cámara, Noemí Santana.

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