25 de octubre de 2016
25.10.2016

La recuperación de los barrancos de Güímar no costará dinero al Gobierno

La restauración "corre a cargo de los extractores de áridos", arguye la consejera de Hacienda

26.10.2016 | 08:36

La recuperación de los barrancos de Güímar no costará "ni un céntimo" al Gobierno de Canarias, según afirmó ayer la consejera de Hacienda, Rosa Dávila (CC), que insistió en que el informe favorable del Ejecutivo a la proposición de ley promovida por el Cabildo de Tenerife para restaurar esta zona no implica "perjuicio económico alguno para las arcas de la Comunidad Autónoma". "Lo que se hace es poder ordenar ese ámbito", argumentó.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Dávila subrayó que "los costes derivados de la restauración de los barrancos corren a cargo de los extractores [de áridos], tal y como se fija por sentencia". De esta forma, su postura coincide con la expresada recientemente por el presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, que señaló que los tres areneros condenados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial serán quienes afronten los gastos de la rehabilitación de los barrancos.

Alonso denunció el "mayor atentado medioambiental que se ha realizado en Canarias" y advirtió de que "quienes han causado el daño [Antonio Plasencia, expresidente de los constructores de Tenerife, y los otros dos areneros Pedro Sicilia y José Enrique Morales] deben repararlo". La iniciativa legislativa promovida por la corporación insular para prohibir el uso minero en los barrancos aún debe ser refrendada por el Parlamento regional.

En su intervención ayer, Dávila indicó que el Gobierno ha expresado su criterio favorable a la tramitación de dicha iniciativa del Cabildo de Tenerife, en virtud de un acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno. El informe de la Comunidad Autónoma "está condicionado a que no suponga ningún perjuicio económico" para las arcas públicas. "En absoluto esperamos que suponga un perjuicio, así lo hemos dicho en nuestros informes y ha quedado acreditado tanto por la Secretaría del Gobierno como por sus servicios jurídicos", añadió.

Por su parte, la vicepresidenta, Patricia Hernández, reiteró que "en caso de que se produzca un perjuicio para la Comunidad Autónoma no tendrá el apoyo del Ejecutivo". "El acuerdo es exquisito, si cuesta dinero no tiene apoyo", resaltó la consejera socialista.

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