La mayoría de la oposición parlamentaria, el Partido Popular, Podemos y Nueva Canarias, además de los representantes del foro cívico Demócratas para el Cambio, reclamaron ayer al PSOE y a Coalición Canaria que se sumen al Pacto por la Democracia sobre la reforma electoral que promueve esta asociación. Su portavoz, Vicente Mújica, expuso que los principales partidos políticos, excepto los socios del Ejecutivo, han suscrito este pacto, y emplazó a ambas formaciones a que se comprometan a que la reforma electoral se aplique en las próximas elecciones autonómicas de 2019.

Tanto el portavoz de CC, José Miguel Ruano, como el PSOE, Iñaki Lavandera, rechazaron ayer sumarse a este pacto, al considerar que ya están dispuestos a abordar la reforma electoral y, por lo tanto, es innecesario. Ruano tildó de falsedad que el sistema actual no sea democrático y defendió la triple paridad electoral.

El Pacto por la Democracia, firmado por PP, Podemos, NC, Ciudadanos, IUC, Unidos por Gran Canaria, UPyD, CCN, PIL, Sí Se Puede, Socialistas por Tenerife y Por Tenerife, propone que haya un compromiso de las formaciones para abordar un nuevo sistema electoral, con tres premisas básicas: rebajar las barreras electorales, mejorar la proporcionalidad en la representación en el Parlamento de Canarias y que la reforma se aplique ya en 2019.

Luis Campos, de Nueva Canarias, Noemí Santana, de Podemos, y Miguel Jorge Blanco, del PP, ofrecieron una rueda de prensa en el Parlamento canario junto al portavoz de Demócratas para el Cambio, para reclamar a CC y PSOE que suscriban esos tres compromisos básicos. Luis Campos, que ejerce como portavoz de turno del Pacto por la Democracia, destacó que los firmantes del acuerdo, con las recientes incorporaciones de PP y Podemos, representan a más votantes de los que reúnen los partidos que se mantienen fuera, como CC, PSOE y ASG.

Expuso que esta plataforma estará en todos los municipios, incluso en los de las islas no capitalinas, para explicar que la reforma electoral es necesaria y que el modelo actual es "injusto y desproporcionado", extremo que refrendaron los representantes del PP y de Podemos.