El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene que devolver 25,8 millones de euros a los siete cabildos, diputaciones y consejos insulares de Baleares después de que el Cabildo de Fuerteventura presentara un requerimiento en el que mostraba su disconformidad con los cálculos realizados sobre la liquidación definitiva de los Tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2014.
La Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Gobierno central ya ha reconocido mediante una nota el fallo y se ha comprometido a revisar la liquidación afectada y a abonar a todas las administraciones las cantidades debidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2017.
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, destacó el papel jugado por el funcionario de la institución insular, "Miguel Socorro", en la recuperación de "millones de euros. Por su empeño en hacer las cosas bien", explicó Morales.
Socorro es jefe de la Unidad de Gestión Presupuestaria del Cabildo de Fuerteventura y se percató del desfase económico al comprobar "que dentro de los impuestos sobre hidrocarburos se había descontado la cantidad de 340 millones de euros procedentes de la devolución del conocido céntimo sanitario: cantidad que no procedía descontar al no formar parte de los recursos a repartir".
El consejero de Hacienda insular, Rafael Páez, señaló que "la revisión de esta liquidación por parte de la Administración Estatal obedece al requerimiento previo a la interposición del recurso contencioso administrativo a la resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, de fecha 21 de julio de 2016, que presentó el Cabildo de Fuerteventura, el pasado 8 de septiembre de 2016". Páez explicó que esto supone que "el Cabildo de Fuerteventura recibirá 75.000 euros del Estado que no estaban previstos".
Las cantidades a percibir por el resto de instituciones canarias y baleares lo irá comunicando la mencionada secretaría de la Administración central a cada una de ellas. La aceptación del error evita, asimismo, la entrada del asunto en los tribunales de Justicia, lo que habría alargado el retorno de los fondos a las administraciones locales afectadas.
