El juzgado de San Sebastián de La Gomera ha decidido archivar la causa abierta contra Casimiro Curbelo en el marco de la operación Telaraña. Así lo confirmó ayer el propio diputado autonómico y presidente del Cabildo insular, quien, no obstante, prefiere no manifestarse aún públicamente sobre el fondo del asunto.

El juez que instruye el proceso contra el líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y exrepresentante del PSOE no ha encontrado pruebas que justifiquen la continuidad de la causa, en la que se investigaban hasta cuatro posibles delitos de cohecho del presidente de la primera institución insular. El Movimiento Ciudadano contra la Corrupción en La Gomera anunció ayer, según informó Efe, que recurrirá el auto de archivo del caso.

La operación Telaraña, que dio lugar al caso homónimo, queda así en nada después de varios años de investigación judicial. El nombre del parlamentario de ASG e histórico del socialismo canario ha estado vinculado al caso desde 2009. El origen de la causa fue un informe de la Guardia Civil en el que se exponía que Curbelo había quintuplicado su patrimonio personal desde 1998. En ese informe se señalaba además que el exsocialista había llevado a cabo operaciones "atípicas", entre las que se citaba una que implicó también al médico Antonio Pérez, cuyo nombre ha estado también relacionado con el caso.

En concreto, Pérez creó una sociedad mercantil que solo un mes después de su constitución permutó en favor de Casimiro Curbelo a cambio de alrededor de 170 participaciones de una segunda sociedad que, al parecer, ya eran propiedad del médico. El presidente del Cabildo se convirtió así, siempre según la investigación (ahora archivada), en propietario de varios bienes inmuebles -locales comerciales y viviendas- y de participaciones de una tercera empresa. Lo que se investigó es si con la operación se intentaba que la institución insular aprobara el carácter urbanizable de unos terrenos en Los Lameros. Otros en la zona de Las Petroleras, en el municipio de Alajeró, y El Machal figuraban también en el expediente de la investigación.

Sin embargo, el juzgado de San Sebastián de La Gomera ha concluido tras sus pesquisas que no hay pruebas que justifiquen mantener abierta la causa. El presidente insular ha defendido desde el comienzo del caso el origen totalmente legal de su patrimonio.