29 de octubre de 2016
29.10.2016

Los sindicatos denuncian que el Gobierno regional incumple con la policía autonómica

Critican la parálisis en la dotación de más efectivos

29.10.2016 | 00:26

Ni concursos de traslado, ni promoción interna, ni oposiciones para nuevas plazas. Quince meses después del inicio de la actual legislatura autonómica la Policía Canaria continúa estancada en un cuerpo que no llega al centenar de efectivos, con funciones muy limitadas y condicionado por la reciente sentencia del llamado caso ladrillo, que ha dejado importantes heridas en el seno de la plantilla. Los sindicatos denuncian que los planes lanzados desde la Dirección General de Seguridad y Emergencias para aumentar el personal y mejorar sus condiciones laborales no se han cumplido.

La última reunión de los representantes sindicales con la viceconsejera de Medio Ambiente y Seguridad, Blanca Delia Pérez, y el director general de Seguridad y Emergencias, Juan Francisco Padrón, acabó sin acuerdos concretos, salvo la creación de una mesa técnica para negociar una mejora de las condiciones de trabajo, ya que la plantilla se queja de que hay aspectos de su jornada laboral que no son iguales a los del resto de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma seis años después de su despliegue.

Pero el principal problema, el de la escasez de efectivos, continúa sin solucionarse. El retraso que acumula la oferta de empleo público de 2015 y la indefinición que existe sobre la de 2016 dejan en el aire la promoción interna que figuraba en la primera y la posibilidad de que se convoquen nuevas plazas, algo que no se contemplaba en el primer borrador de decreto dado a conocer a los sindicatos por Función Pública el pasado verano. Tampoco han habido novedades sobre los concursos de traslado a los que se había comprometido el Ejecutivo para incentivar la llegada de policías de otros cuerpos para incrementar la plantilla y volverla a dejar en cien efectivos.

Desde el punto de vista político, el Gobierno trabaja en la redacción de una nueva ley en la que se fusionan la norma de las policías locales con la del Cuerpo General de la Policía Canaria. El objetivo es mejorar la coordinación entre los dos cuerpos, intercambiar funciones y nutrirse de efectivos para complementarse.

Con todo por hacerse, los representantes sindicales consideran que la Policía Canaria no es una prioridad para el Gobierno y no ven en el horizonte más cercano indicios de que se vaya a incrementar el presupuesto, ni aumentar el número de plazas hasta las 300 que figuran en los inicios del despliegue de 2010.

Así las cosas, las desavenencias internas en el cuerpo no cesan y a la reciente sentencia del llamado caso ladrillo se unen los autos judiciales que dan la razón a los agentes que fueron expedientados en su momento a raiz de que surgiera este caso. En una reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la Sala condena a la Comunidad Autónoma a pagar las costas tras dar la razón a un agente, a quien se le abrió un expediente disciplinario. Los sindicatos avisan que las sentencias seguirán cayendo en contra de los intereses de la Administración y acusan al comisario jefe del cuerpo, Luis Santos, de "pésima gestión" y "dejación de funciones", en un escrito dirigido por la central mayoritaria, Co.bas, a la consejera y al director general y en el que exigen el cese inmediato del mismo, demanda que no es la primera vez que se realiza.

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