¿Que el preámbulo de la Ley del Suelo admita que hay una carga injustificada en la regulación del territorio en Canarias es una crítica a lo hecho en el pasado por CC, que dirige la política territorial del Ejecutivo?
El deber que tenía este Gobierno cuando entró en julio de 2015 era culminar un proceso que se intentó pero no tuvo ningún fruto positivo. Esta ley nos ha permitido hacer un esfuerzo de simplificación para que el texto sea lo más entendible posible y así poder acercar a los ciudadanos una regulación más sencilla sobre esta materia. También se reconoce, tras este periodo de diagnóstico, que los procedimientos que teníamos en determinados aspectos del territorio suponían más una carga que un camino sencillo. Hay que reconocer esta realidad y por eso la ley lo refleja con el fin de cambiar y agilizar los trámites para acercarlos más a los ciudadanos que solicitan una licencia a la Administración.
El Gobierno se ha dado prisa en sacar adelante la ley cuando en anteriores etapas se tardaba una media de tres o cuatro años ¿ha habido suficiente participación y transparencia en el proceso en una materia tan compleja?
Lo que el Gobierno ha hecho es trabajar. Empezamos desde septiembre del año pasado con el mandato que teníamos de simplificar la legislación sobre el territorio. Sí ha habido participación ciudadana desde el principio y lo demuestra el hecho de que no se trata de un proyecto de ley solo del Gobierno, sino que estamos ante una norma que se redacta y elabora con las aportaciones de los sectores profesionales, asociaciones y colectivos con los que nos hemos reunido porque desde el minuto cero nos sentamos con todos los sectores afectados y, a partir de ahí, comenzamos a recoger un diagnóstico de la situación y después todas aquellas aportaciones necesarias para estos sectores. Tanto cuando era anteproyecto de ley como ahora se han seguido recogiendo las propuestas y a buen seguro que en el Parlamento se seguirán realizando sugerencias tanto por los grupos políticos como por los ciudadanos, que también pueden participar en este proceso. No es cierto que sea solo la ley del Gobierno, lo que hemos hecho es trabajar y no perder el tiempo y lo que pedimos al Parlamento es que la apruebe en un plazo razonable para que entre en vigor lo antes posible.
¿El Gobierno se ha visto obligado a mantener en la ley un órgano regional similar a la actual Cotmac? ¿Qué opina de que ahora tenga también la competencia sobre la evaluación ambiental estratégica debido a la revisión del pacto?
Sobre los acuerdos a los que se ha llegado en el pacto, que aún están por ratificar, se tendrá que hablar en el ámbito de los partidos y en el Parlamento y son los grupos los que tendrán que decidir qué enmiendas se van a introducir. El Gobierno se tiene que mantener al margen y yo desde luego respeto mucho a los partidos para opinar desde la Consejería. Tengo que puntualizar que desde que nos sentamos por primera vez para elaborar el borrador de la ley siempre dijimos que habría un órgano que emitiría los informes preceptivos y vinculantes de la Comunidad Autónoma, cuya composición se decidirá a través de un reglamento.
Una de las recomendaciones del Consejo Consultivo es que la Comunidad Autónoma debería seguir elaborando el informe de legalidad del planeamiento ¿Esto se va a hacer?
El Consejo Consultivo emite un informe favorable y por unanimidad, el resto son recomendaciones. La Comunidad Autónoma mantiene la posibilidad de emitir informes de legalidad pero es una competencia de los ayuntamientos o de los cabildos y, en todo caso, son éstos los que deben solicitárselo al Gobierno. La ley obliga a este órgano a realizar el informe preceptivo de sus competencias sobre los planes y deja la puerta abierta para que pueda analizar la legalidad si así se lo piden las corporaciones locales. Lo que sí pido es un poco de coherencia a algunos cargos públicos de Podemos y Nueva Canarias cuando lanzan que los ayuntamientos son un nido de corrupción. Creo que son manifestaciones irresponsables porque están haciendo un juicio de valor sobre las personas que están al frente de una institución sin pruebas, porque si están tan seguros deberían denunciarlo en los juzgados. Son los ayuntamientos los que tienen que solicitar esos informes y es una grave irresponsabilidad decir este tipo de cosas.
¿Qué sentido tiene darle a los ayuntamientos la potestad de aprobar sus planes generales cuando hay muchos que han pedido al Gobierno que les redacte planes supletorios porque no tienen medios para hacerlo?
Eso no es totalmente correcto. Se están elaborando 16 planes supletorios municipales pero es al revés, es decir, no es que los ayuntamientos no tengan capacidad para hacer el plan sino que es el Gobierno el que le sustrae las competencias y no puede hacer nada por evitarlo porque hay municipios que llevan 12 o 16 años con normas subsidiarias o con planes anulados por la Justicia. Hay que dejar claro que es la ley vigente la que otorga al Gobierno la potestad de asumir la redacción del planeamiento de esos ayuntamientos. Se está partiendo de un planteamiento interesado para dar a entender que hay corrupción en los ayuntamientos, lo que supone una grave irresponsabilidad. La obligación de este Gobierno es respetar las competencias de ayuntamientos y cabildos y poner todos los medios a su disposición para que saquen sus planes en un plazo razonable, con más dinero sobre la mesa y apoyando con equipos técnicos en oficinas que se abran en cada isla.
Pero la culpa de que estos ayuntamientos hayan tardado tantos años no ha sido de la Cotmac sino de los propios gobiernos municipales ¿no?
Yo nunca he dicho que el estancamiento sea culpa de la Cotmac, quiero dejarlo claro. Son otros los que dicen esto y parece que la Cotmac es la causante de todos los males y si en la Consejería creyéramos que esto fuera así no hubiésemos puesto ningún órgano autonómico en la ley. Ahora bien, hay que reordenar determinadas competencias y en ese proceso el órgano de control del Gobierno está sobre la mesa desde el principio. Hay colectivos y sectores que han pedido que desaparezca pero nos hemos negado siempre. Hay que debatir sobre sus composición y funciones y en el proyecto de ley se ha puesto hasta donde creemos que se puede llegar, pero será el Parlamento el que decida si tendrá más funciones.
¿Hay suficientes mecanismos en la ley para evitar que las actividades complementarias que se instalen en suelo rústico acaben relegando el uso principal agrícola y ganadero?
Los usos del suelo rústico son los que son. La ley establece una serie de actividades asociadas al uso principal del suelo rústico ya que el sector primario lleva años reivindicando que puedan autorizarse actividades complementarias a su renta, como vender sus productos junto a la tierra donde se cultiva. La ley establece mecanismos correctores para evitar precisamente que este uso complementario se convierta en el principal y se abandone la agricultura o la ganadería. Ese interés en confundir las cosas y decir que la agricultura terminará quedando en un lugar secundario es totalmente falso porque si el agricultor deja de cultivar tiene que abandonar también la actividad asociada.
Hay figuras que se establecen en la ley -proyectos de interés insular y autonómico, ordenanzas provisionales o la suspensión del planeamiento por interés general- que han levantado una gran controversia ¿hay suficientes garantías para evitar un coladero?
En el texto refundido del año 2000 ya figura la suspensión del planeamiento a través del artículo 47, de tal forma que el Gobierno puede suspender el planeamiento de un municipio para colocar cualquier actividad pública o privada. En esta ley se mantiene en el artículo 169, aunque con más garantías porque lo que no se puede permitir es lo que ha pasado hasta ahora, ya que se ha utilizado el artículo 47 para sacar cualquier asunto ante los problemas y la complejidad del planeamiento. Lo que plantea el artículo 124 y siguientes es que para todo lo que no sea algo muy excepcional o necesidad imperiosa, tanto los cabildos como el Gobierno tienen un instrumento para sacar determinadas actuaciones de interés pero que cuenta con un procedimiento largo y con todas las garantías posibles. Se ponen los requisitos de forma clara y transparente en la ley para que todos lo sepan. De todas formas si al final el Parlamento decide que no quiere estos proyectos se podrán eliminar, pero seamos consecuentes con lo que decimos porque se está achacando a estos proyectos males que no son verdad.
¿Al permitir proyectos privados se pretende dar salida a inversiones que llevan muchos años atascadas?
Es mucho más fácil aprobar una actuación aplicando el artículo 47 actual que lo que va hacer la nueva ley con los proyectos de interés insular y autonómico. Solo hay que leerse los artículos 124 y siguientes de la ley para comprobar el procedimiento largo y reglado que es necesario para sacar adelante un proyecto que se considere de interés estratégico. Asimilar las dos cosas es dar una vuelta de tuerca al lenguaje alarmista y engañoso que algunos quieren poner sobre la mesa. En cualquier caso insisto en que si el debate se centra en los proyectos de interés el Parlamento es libre de eliminarlos.
¿Queda bien garantizada en la ley la protección de los espacios naturales protegidos?
La ley no toca los espacios naturales, coge la regulación que existe ya y la incluye directamente. Desde el primer momento una de las cosas que se dejaron claras es que los espacios naturales se quedan como están. Otra cosa que se dejó clara desde el principio era que íbamos a un solo texto sencillo y clarificador. También otro principio fundamental es que no se va a aprobar más suelo urbanizable y partimos de que Canarias no necesita más suelo y le hemos dado la vuelta de tal manera que todo suelo que no esté clasificado se convierte en rústico.
Usted y el presidente mantienen que el Parlamento puede realizar modificaciones pero no que se cambie el espíritu esencial de la misma ¿Cree que hay riesgo de que pueda suceder?
El Parlamento tiene autonomía para hacer los cambios que considere oportunos, ahora bien el Gobierno lo que mantiene es que, después de tanto tiempo de debate con un texto único y consensuado, es que el eje central de la ley no se modifique porque sino de nada vale el camino recorrido hasta ahora. De todas formas en la esencia de la ley están de acuerdo los grupos del Gobierno.
"Es injusto que se frene el desarrollo de las islas verdes"
- ¿Usted que es palmera es cierto que la reforma de la ley turística de las ´islas verdes´ deja en manos de los cabildos la autorización de hoteles y campos de golf y adelanta preceptos de la Ley del Suelo?Que haya partidos que se opongan a que una isla como La Palma no pueda desarrollar ningún tipo de actividad turística porque su plan territorial está suspendido por la Justicia creo que es injusto e irresponsable. No es de recibo que haya cargos públicos que de alguna manera se alegren de que una isla esté paralizada y esa fue la actitud en el debate parlamentario que hubo sobre esta ley. Después de 14 años de vigencia de la ley que se acaba de reformar, en una isla como La Gomera sólo se ha podido autorizar seis camas alojativas y si esto es lo correcto para algunos cargos públicos a mí me produce escándalo. El debate extremista y alarmista que algunos dan a esta ley le hace un flaco favor a estos partidos porque los ciudadanos de estas tres islas quieren el turismo específico que necesitan pero nadie desde fuera puede achacar a esa ley los males que dicen. No se trata de adelantar nada sino que se establece un instrumento, no para desbloquear proyectos, sino para crearlos. No hay que olvidar que en Canarias el suelo turístico ocupa el 3% del total mientras que en La Palma es un 0,3% de su superficie y hay problemas para alojar a los turistas que vienen a la Islas por la escasez de alojamientos, lo que no se puede permitir.
"La unanimidad dentro del Gobierno ha sido total"
- ¿Le preocupa las repercusiones que pueden tener sobre el texto de la Ley del Suelo las discrepancias internas en el PSOE? Tengo que dejar claro que en el Gobierno tanto el anteproyecto como el proyecto de ley salen por unanimidad de sus miembros, unos de un partido y otros de otro y sin división alguna. A partir de ahí cada partido puede tener diputados que piensen en un sentido o en otro, no creo que la opinión mayoritaria que han manifestado en el PSOE sea contraria a la ley sino que hay algunas voces discrepantes y eso lo tendrán que decidir en el seno de su partido. Lo que sí está claro es que en el Gobierno la unanimidad ha sido total desde el principio y será el Parlamento el que deba decidir si hay modificaciones o no. No es intención del Gobierno generar alarma con esta ley como pretenden decir Podemos y Nueva Canarias porque lo que han hecho hasta ahora es utilizar la ley para crear alarmismo y darse notoriedad, pero en ningún momento han entrado en el articulado de la ley más allá de los dos o tres artículos que quieren que estén en el centro del debate. No lanzan mensajes con contenido real, por eso espero que haya un debate de verdad en las enmiendas parciales.
