El Gobierno negó ayer que la Comunidad Autónoma tenga que afrontar el pago de la restauración de los barrancos de Güímar afectados por la extracción de áridos, paralizada por una sentencia judicial que condena a tres empresarios, entre ellos el expresidente de la patronal de la construcción tinerfeña, Antonio Plasencia. La consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, aseguró que la condena judicial no tiene nada que ver con la proposición de ley del Cabildo de Tenerife, cuyo objetivo es regenerar la zona y prohibir que continúen las explotaciones.
En el mismo sentido se pronunció el portavoz de CC, José Miguel Ruano, al asegurar que son los empresarios los que tienen que pagar y que en ningún caso la tramitación de la ley va a suponer un desembolso millonario para las arcas autonómicas.
Sin embargo, el grupo proponente de la comparecencia del Gobierno, Nueva Canarias, manifestó su estupor porque el Gobierno haya admitido una propuesta legislativa que cuenta con varios informes negativos de técnicos del Ejecutivo. Román Rodríguez destacó que la Mesa del Parlamento ha admitido una solicitud a petición de su grupo para que el Ejecutivo haga un informe sobre las repercusiones económicas indemnizatorias derivadas de la aprobación de la proposición de ley.
El PP también se mostró muy crítico con la propuesta del Cabildo tinerfeño y exigió su retirada porque ni ordena ni restaura el fuerte impacto ambiental producido.
