El Colectivo Sin Identidad, que integra a víctimas de casos de bebés robados en Canarias, registró ayer en el Parlamento regional la primera proposición de ley de toda España para impulsar la búsqueda de los menores que fueron arrebatados a sus familias al nacer durante el régimen franquista y hasta los años 80. En el documento, la asociación solicita que se cree una unidad especializada de la Policía Canaria para investigar estos casos. "La búsqueda de familiares desaparecidos no tienen que hacerla las familias, es el Estado el que debe hacerlo", argumentan desde la asociación.
Esta iniciativa se inspira en la que ya existe en Argentina, donde una norma similar ha permitido localizar e identificar a menores robados durante la dictadura en ese país entre 1976 y 1983. Esos avances son los han animado a los colectivos Sin Identidad de Tenerife y Gran Canaria, junto a la Asociación de Víctimas contra la Impunidad de las Desapariciones Infantiles en todo el Ámbito Nacional (Avidna), ha promover la proposición legal en la Cámara canaria. "No hemos inventado nada", admiten.
Según se desprende de la propuesta la unidad policial que demandan deberá crearse durante los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la ley y dependería directamente del Jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria.
El grupo, de entre cinco o seis efectivos, se haría cargo de las investigaciones que les indique la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad (Cocadi), un organismo que también debería impulsar el Parlamento y que estaría conforma, a partes iguales, por las asociaciones de afectados y las administraciones públicas, mientras que el Diputado del Común asumirá su presidencia.
El texto también señala que para facilitar su labor de investigación, esta unidad policial tendría acceso a todos los archivos de los organismos públicos o privados de las Islas, podría requerir información o documentos relacionados con estos casos y además de la potestad de emprender cualquier medida de investigación que se necesite para esclarecer cada caso.
Desde el Colectivo se asegura que el registro ayer de la proposición de ley es solo un paso más en el proceso que se inició hace meses en el Archipiélago para dar a conocer este drama social e intentar una mayor implicación de las administraciones públicas en la resolución de estos casos. Ya mayo el Parlamento regional reconoció el robo de bebés como crimen de lesa humanidad y el Cabildo de Gran Canaria se convirtió hace una semana en la primera administración pública de toda España en pedir perdón a las víctimas por los casos ocurridos en la Isla.
