11 de noviembre de 2016
11.11.2016

Un colectivo recurre la organización de la Fiscalía al verla discriminatoria

El nuevo sistema refuerza las especialidades y reparte las guardias entre todos los fiscales

11.11.2016 | 01:15

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dejó ayer visto para sentencia un juicio en el que la Fiscalía de Las Palmas se juega su actual distribución de las cargas de trabajo y la organización de sus servicios.

La vista oral se celebró en la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, con el magistrado Jaime Borras como responsable de dirigir la testifical para practicar la prueba y determinar si anula o no el decreto dictado por el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco.

La norma con la nueva organización de la Fiscalía entró en vigor en febrero del año pasado. La Agrupación Independiente de Fiscales (APIF) no sólo pide que se anule dicho decreto, sino que se vuelva al anterior sistema de guardias y que se reintegre el dinero dejado de percibir por parte de los fiscales adscritos a los ocho juzgados de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria (cada guardia de 24 horas en la capital grancanaria se paga a 210 euros).

Y es que el reparto de las guardias entre todos los fiscales es uno de los aspectos más cuestionados de la nueva organización implantada por García-Panasco. El diseño de ese sistema, que busca potenciar las fiscalías especializadas y distribuir las cargas de trabajo con mayor eficacia, comenzó a planificarse con un grupo de trabajo creado en 2013, siempre con vistas a superar el anterior modelo, que estaba condicionado por la dispersión de sedes y la inauguración del nuevo edificio judicial.

La propuesta de la jefatura fue finalmente aprobada en noviembre de 2014 por la junta de fiscales, con 25 votos a favor, 12 en contra y 7 abstenciones. García-Panasco, que ayer compareció en la vista para defender su modelo, apeló a las competencias que le otorga el Estatuto Orgánico del Ministerio Público para organizar los servicios y la organización del trabajo en los diferentes territorios.

Los fiscales de la APIF, que están representados en Canarias por Antonio López, consideran que el reparto de trabajo es discriminatorio, arbitrario e irracional. Por eso reclaman, en síntesis, que los lotes se cubran mediante concursos internos para dotar a la Fiscalía de un funcionamiento más igualitario.

Además de López, que es teniente fiscal de Las Palmas y, por tanto, mano derecha de García-Panasco a la hora de organizar el servicio, están en contra del sistema actual fiscales veteranos como Miguel Pallarés, que está adscrito al Juzgado de Instrucción número 1 de la capital grancanaria y forma parte de la APIF junto al propio López. Este colectivo, que ha irrumpido con fuerza en Canarias, también recurrió el decreto de García-Panasco ante el Consejo Fiscal, órgano que finalmente ha avalado esta reorganización.

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