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La Fiscalía ve tráfico de influencias en la reunión de Ramírez con el juez Alba

El TSJC cita como testigo a la fiscal Eva Ríos y al Abogado del Estado para que aclare si la declaración del empresario estaba amañada para perjudicar a Rosell

Miguel Ángel Ramírez en su despacho de la sede de la Unión Deportiva Las Palmas. LP / DLP

Tráfico de influencias. Ese es el delito que analiza la Fiscalía para depurar las posibles responsabilidades penales del empresario Miguel Ángel Ramírez en la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por reunirse con el magistrado Salvador Alba en su despacho de la Audiencia de Las Palmas.

El auto judicial por el que Ramírez pasa de testigo a investigado en esas diligencias previas no especifica el delito que se le imputa, pero sí incluye un párrafo revelador, donde la magistrada del TSJC Margarita Varona acota los hechos sobre los que girará el interrogatorio del próximo día 22.

La instructora, según esa resolución, quiere concretar si la reunión se celebró a iniciativa de Salvador Alba o bien "por la influencia directa o indirecta" que "hubiera podido ejercer" el dueño del Grupo Ralons y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, quien, en dicho encuentro, "habría puesto de manifiesto su relación personal con autoridades políticas y judiciales".

La reunión entre Alba y Ramírez, que se celebró el pasado 16 de marzo, fue grabada por éste de manera subrepticia. El contenido íntegro de ese archivo, que ha sido recuperado por la Guardia Civil, revela que el empresario presumió de su amistad con el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, con el exministro José Manuel Soria, con periodistas y con varios jueces de la Audiencia de Las Palmas. Ramírez dijo luego que eran invenciones para hacerle llegar a Alba lo que quería oír, pues estaba asustado por una fianza de 35 millones impuesta por éste.

La instructora quiere determinar con qué finalidad "prepararon" Alba y Ramírez la declaración posterior a esa reunión. La comparecencia judicial se celebró el 23 de marzo, una semana después de que juez e investigado se entrevistaran a solas en la Audiencia de Las Palmas y acordaran, supuestamente, perjudicar a la magistrada Victoria Rosell a cambio de anular el procedimiento por fraude fiscal que afecta al empresario.

Por eso, para desentrañar los entresijos de esa controvertida reunión preparatoria, Varona ha citado como testigos al abogado Sergio Armario; a la fiscal de Delitos Económicos en Las Palmas, Eva Ríos; al abogado del Estado José Risquete; a la letrada de la Seguridad Social Cristina Rodríguez, y a la abogada del sindicato FTSP-USO Paloma del Amo López. Todos estuvieron presentes en la declaración de Ramírez y, por ese motivo, han sido emplazados por el tribunal para el próximo día 22.

Antes, el 21 de marzo, deberá comparecer Alba como investi-gado principal por los delitos de prevaricación judicial, negociaciones prohibidas a funcionarios, contra la Administración de Justicia y falsedad.

Varona y el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, investigan si Alba asesoró a Ramírez con una doble finalidad: perjudicar la carrera política de Rosell, que había dejado el Juzgado de Instrucción número 8 para presentarse a la elecciones generales del 20 de diciembre, así como para proporcionarle al empresario la posibilidad de anular el procedimiento en el que está imputado. ¿Cómo? Mediante la aportación de documentación que acredite la relación comercial entre Ramírez y la pareja sentimental de Rosell, el periodista Carlos Sosa.

Con esa artimaña se conseguiría introducir una causa de nulidad en el procedimiento. Rosell fue la anterior instructora de la investigación al empresario y habría vulnerado su deber de abstención al no apartarse del proceso por los vínculos de su pareja. Eso, añade el auto, beneficiaría a Ramírez al lograr un hipotético archivo de las actuaciones derivado de esa causa de nulidad.

Alba, además, remitió los contratos de esas relaciones comerciales al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y envió dos informes al Tribunal Supremo. Varona quiere aclarar si esas actuaciones se hicieron para "desacreditar" a Rosell, con la finalidad de que se le abriera un expediente disciplinario y el Supremo admitiera una querella de Soria contra ella.

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