La Fiscalía ha solicitado a la magistrada Margarita Varona que remita al Consejo General del Poder Judicial (CPGJ) la conversación entre el juez Salvador Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez. La intención del ministerio público es que el órgano de gobierno de los jueces analice si existen o no responsabilidades disciplinarias por parte de algunos magistrados citados en dicha charla.
En la conversación, que fue grabada de manera subrepticia por Ramírez el pasado marzo, salen a relucir los nombres de 38 personas, entre ellas una decena de magistrados que imparten justicia en la capital grancanaria, Lanzarote, la Audiencia de Las Palmas, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la Audiencia Nacional.
La iniciativa de la Fiscalía llega tras la transcripción hecha por la Guardia Civil a instancias de Varona, que investiga en el TSJC a los magistrados Salvador Alba y Victoria Rosell por sus actuaciones como instructores en una causa por fraude fiscal abierta contra el dueño del Grupo Ralons y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. El empresario, a su vez, es investigado en el TSJC por tráfico de influencias, supuestamente por valerse de sus "influencias políticas y judiciales" para plantearle a Alba el archivo del procedimiento a cambio de darle información comprometedora sobre Rosell.
El ministerio público no especifica los nombres de los jueces que podrían haber incurrido en una infracción, sino que se remite a la transcripción realizada por la Guardia Civil, la cual fue entregada ayer a las partes personadas en el procedimiento que se sigue contra Alba en el TSJC. En concreto se identifican a 38 personas entre políticos, funcionarios judiciales, empresarios, periodistas y jueces.
Los magistrados citados en la grabación son el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste; el presidente de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya; el magistrado de la Audiencia de Las Palmas Carlos Vielba; Rosell, y el juez de instrucción en Lanzarote Rafael Lis.
La Guardia Civil identifica a otros dos magistrados de la Audiencia de Las Palmas como personas que salen en la charla, Miguel Ángel Parramón y Pedro Herrera, pero dicha identificación podría ser errónea por dos motivos: Herrera no aparece luego en el texto transcrito, y a la mención a Parramón parece más una suposición que una certeza.
De hecho, en ese momento de l grabación, al principio, Ramírez habla con su letrado de lo que le va a plantear a Alba, esto es, del posible archivo de su causa por los delitos contra Hacienda y la Seguridad Social, así como de la necesidad de llegar a un acuerdo con la fiscal Eva Ríos para evitar un eventual recurso, y el empresario responde que le ha pedido a Miguel "una mano" para "no quedar mal" en este "espectáculo". Ese Miguel, según la Guardia Civil, "puede ser" Miguel Ángel Parramón.
Los agentes que hacen la transcripción, además, se confunden de número a la hora de identificar al propio Parramón y a Carlos Vielba, entre otras ausencias e inexactitudes que ayer criticaron las partes personadas en el pleito. El letrado de la administración de justicia ha corregido algunas de esas interpretaciones, pero es casi seguro que los abogados soliciten la próxima semana aclaraciones o incluso una nueva transcripción al no estar conformes con la realizada.
En cualquier caso, a tenor del contenido volcado en esa documental, las posibles infracciones disciplinarias no afectarían a Herrera y Parramón, como es obvio, sino a los magistrados que sí parecen estar al tanto de los planes de Alba y el empresario o tienen una relación con éste. Esos jueces son Emilio Moya, Antonio Doreste, José Ramón Navarro y Carlos Vielba, según se desprende de la transcripción.
El contenido de ese audio ya le ha costado a Alba la apertura de un expediente sancionador por excederse al investigar los negocios de Ramírez con la pareja de Rosell, y la asociación Jueces para la Democracia también le ha denunciado por grabar conversaciones privadas de sus compañeros de la Audiencia de Las Palmas. Rosell, en cambio, ha sido denunciada por Alba ante el CGPJ por llamar corrupto a su colega en las redes sociales.
