La Junta General de Jueces de Las Palmas de Gran Canaria ha exigido este lunes en un comunicado que se depuren las responsabilidades penales o disciplinarias que pudieran derivarse del contenido de las grabaciones difundidas en los medios de comunicación con conversaciones del juez Salvador Alba.
El decano del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Óscar González, sin admitir preguntas, ha dado lectura al comunicado que expresa el sentir unánime de los 34 magistrados que han asistido a la reunión de la junta para abordar una situación que se vive desde hace meses y que consideran que es de "extrema gravedad", además de "denigrar" la imagen de la Justicia.
Esto se debe a una grabación hecha por Alba hablando con sus compañeros de la Audiencia de Las Palmas y a otra anterior que el empresario Miguel Ángel Ramírez le hizo al magistrado proponiéndole presuntamente un arreglo ilícito de un caso instruido por él en perjuicio de la jueza Victoria Rosell.
Unos hechos que, a juicio del pronunciamiento de la junta, "habrían merecido la intervención inmediata" de los órganos de gobierno de los jueces, "siquiera de forma cautelar, restaurando la imagen de la Justicia y la dignidad de la función".
De hecho, desde la junta se señala que la "pasividad" de los que tienen la "misión de protegerles frente a ataques externos e internos" le ha obligado a pronunciarse por representar a los órganos jurisdiccionales unipersonales de Las Palmas, pues se sienten igual de "sorprendidos y perplejos" que el resto de la ciudadanía.
La junta, además de calificar estos hechos de "extrema gravedad", exige "pleno respeto" a las resoluciones judiciales de los tribunales de Justicia y pide que se depuren responsabilidades de "todos aquellos" que, de acreditarse, fueran susceptibles de reproches en términos penales o disciplinarios, pues, como colectivo, los jueces de Las Palmas se sienten cuestionados.
Expone también que se trata de unos hechos que, aparentemente, "transgreden" los principios básicos que han de presidir su función constitucional y han sido realizados por quienes están íntimamente sometidos a ellos, algunos de los cuales son objeto de investigación judicial y, a su vez, podrían ser objeto de reproche disciplinario.
En el comunicado hacen constar que los magistrados que sirven en este partido desarrollan su labor con "pleno sometimiento a los principios de independencia, imparcialidad e igualdad ante la ley, sin que hechos excepcionales referidos a personas concretas puedan enturbiar su trabajo por encima de estándares cuantitativamente y cualitativamente razonables".
El juez decano ha informado de que este pronunciamiento será remitido al Consejo General del Poder Judicial y a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que tiene previsto celebrar mañana una reunión y que podría tomar algún acuerdo al respecto.
González ha declinado pronunciarse sobre el contenido del comunicado emitido por la junta, a la que estaban convocados 54 jueces, y ha indicado que la reunión se ha celebrado a iniciativa suya como decano.
Así mismo, ha comentado que el comunicado que se ha consensuado ha sido fruto de un "intenso" debate y menos extenso que el documento propuesto inicialmente, con la finalidad de tener en cuenta "todas las sensibilidades" de las asociaciones judiciales.
