Los presupuestos autonómicos de 2017 destinarán más de siete millones de euros a clausurar y sellar ocho de los 19 vertederos ilegales que existen en las Islas. Esta provisión de fondos supone un salto cuantitativo con respecto a las cuentas de este año ante las advertencias de la Unión Europea a España por la proliferación de vertederos en varias comunidades autónomas, entre ellas Canarias. La previsión es cerrarlos todos en 2018 con un incremento del presupuesto destinado a este fin.
En las cuentas autonómicas figuran fondos para la clausura y sellado de ocho vertederos en El Hierro (3), La Palma (2), Gran Canaria (2) y Fuerteventura (1). La mayor parte de estos depósitos irregulares de residuos surgieron hace años ante la ausencia de vertederos legales, ahora llamados complejos ambientales, para el tratamiento y reciclaje de los residuos.
En Gran Canaria se sellarán el vertedero de Cueva Lapa y Costa Botija, para el que se destina 900.000 euros, y el de Amagro, con 1,03 millones de euros. En Fuerteventura se consignan 90.000 euros para terminar de cerrar el depósito de Tiscamanita a la vez que se reservan 2,7 millones de euros más para la segunda fase del desarrollo de la planta de clasificación y compostaje del complejo ambiental de Zurita.
En El Hierro se cerrarán los vertederos de Montaña del Tesoro -1,4 millones-, Faro de Orchilla -400.000 euros- y Los Llanitos, con 265.000 euros. En La Palma se clausurarán Lomo Alto, con 500.000 euros, y Barranco Seco, al que se destinarán 1,5 millones de euros. Asimismo, hay una partida de 800.000 euros más para cierres de basureros ilegales que serán transferidos a cabildos y ayuntamientos.
Las inversiones en el área de Medio Ambiente para el control de los vertederos ilegales y otras actuaciones medioambientales sube en casi cuatro millones de euros con respecto al presupuesto de 2016 ya que también se destinará una partida destacada de 1,4 millones de euros a las obras de saneamiento en la isla de La Graciosa para evitar los vertidos incontrolados en la octava isla.
En el ámbito de las obras hidráulicas ligadas al convenio con el Estado, las islas de Tenerife y La Palma se llevan el grueso de la inversión en 2017. De hecho la segunda fase del sistema de depuración Adeje-Arona, en el sur de Tenerife, absorbe 10,7 millones de euros, mientras que la Balsa de Vicario, en La Palma, recibe 4,3 millones de euros. La segunda fase del sistema de depuración de aguas residuales del noroeste de Tenerife se lleva el próximo año 2,6 millones.
La prórroga de los presupuestos del Estado, hasta tanto se negocie y se aprueben unas nuevas cuentas, ha llevado a la Consejería de Obras Públicas del Ejecutivo regional a trasladar la misma cantidad de este año -94 millones- del convenio de carreteras al próximo. El anexo de inversiones del proyecto de ley de 2017 refleja 100 millones en total con partidas destacadas para La Aldea-Agaete (26,7 millones), el Anillo Insular de Tenerife (20,4 millones), el Eje Insular de Fuerteventura (11 millones) y el tramo Bajamar-Tajuya en La Palma (8,5 millones).
Por su parte, el Gobierno regional no va a dar por terminada la crisis hasta que la dinamización económica haya entrado por todas las "puertas y ventanas de los hogares", dijo ayer la vicepresidenta, Patricia Hernández, tras informar de que se concederán 1.800.000 euros para ayudas de emergencia social. Esa cantidad se corresponde al convenio para 2016 suscrito por el Gobierno de Canarias, la Fecam, CajaCanarias y Caixabank.
