¿Tiene Salvador Alba más grabaciones de otros jueces? Todo parece indicar que no, pero la Fiscalía de Las Palmas ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 2 de la capital grancanaria que vuelva a citar al magistrado, con la finalidad de que aclare si posee más audios relacionados con la denuncia interpuesta contra el empresario Miguel Ángel Ramírez.
Alba, tras ampliar el pasado día 2 su denuncia por revelación de secretos, falsedad, injurias, calumnias y coacciones, entregó dos grabaciones en el juzgado y luego renunció a ejercer la acusación particular. El juez instructor, con anterioridad, le había requerido para que aportara las pruebas de las supuestas presiones, pero Alba sólo llevó algunos correos y esas dos grabaciones: una afecta al abogado Sergio Armario, que también está denunciado por los mismos hechos, y la otra a su compañero de la Audiencia de Las Palmas Carlos Vielba. De ahí que no parezca tener más audios de ese tipo.
La Fiscalía quiere averiguar si hay más interlocutores grabados para reconducir la investigación hacia un posible tráfico de influencias por parte del empresario, pues considera que los delitos denunciados por Alba no han sido suficientemente esclarecidos ni precisados. Tanto Ramírez como Armario se han acogido a su derecho a no declarar y, por tanto, no se conoce la versión de ambos. El fiscal cree que las presiones o solicitudes recibidas por Alba no revisten carácter intimidatorio o coactivo, pero la totalidad de los requerimientos si podrían integrar el tipo penal del tráfico de influencias.
Otra de las diligencias que el ministerio público reclama para investigar ese delito es la citación como testigos de las tres personas que Alba nombra en su ampliación de la denuncia: el magistrado Vielba, el periodista Pedro Guerra, y la mujer del exconsejero del Cabildo Larry Álvarez, que ahora trabaja para la UD Las Palmas, club del que Ramírez es presidente.
Además de esas dos diligencias, la Fiscalía propone al Juzgado de Instrucción que remita las grabaciones de Alba al Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), con la intención de depurar las posibles responsabilidades disciplinarias de los magistrados que intervienen o aparecen nombrados en la conversación, siempre en relación a sus actuaciones profesionales. En una de esas charlas Armario revela intimidades de la magistrada Victoria Rosell para ganarse la confianza de Alba, que había sustituido a Rosell en una investigación por fraude fiscal contra Ramírez y le impuso una fianza de 35 millones. El empresario y su abogado buscaban en ese momento una rebaja de la fianza porque veían amenazado el futuro de Seguridad Integral Canaria, la empresa investigada por delitos contra Hacienda y la Seguridad Social.
En la otra grabación, Vielba ofrece a Alba una reunión en una piscina del sur de Gran Canaria con Ramírez, con el argumento de que el empresario tiene contactos en todos lados y podrían influir en un informe de la Guardia Civil. Alba también graba a otros compañeros de la Sección Sexta mientras toman café y hablan de los juicios que tienen entre manos.
La petición lleva fecha del pasado 10 de noviembre, pero el juzgado no ha resuelto. Sí lo ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que la semana pasada remitió al CGP la grabación íntegra que Ramírez le hizo a Alba y en la que ambos maniobran contra Rosell. La instructora Margarita Varona investiga a los dos magistrados y al empresario por sus actuaciones en la causa por fraude fiscal.
