CajaCanarias había concedido hasta principios de 2000 un total de 22.460 millones de pesetas (134,9 millones de euros) en créditos que fueron calificados de riesgo. La salida a la luz del préstamo otorgado a Inversiones Las Teresitas (ILT) en 1998 con la única garantía patrimonial de los terrenos en la playa santacrucera que la empresa iba a adquirir a la Junta de Compensación con ese mismo dinero - 5.600 millones de pesetas- motivó la apertura de una investigación por parte del Banco de España (BdE).
El ese informe forma parte del sumario de las actuaciones abiertas en el juicio por el caso Las Teresitas que se juzga en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Por ese procedimiento se sientan en el banquillo trece personas acusadas de la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la operación de compraventa de once parcelas que el Ayuntamiento de la capital tinerfeña adquirió en 2001 por 52,5 millones de euros. Un precio que fijaron los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, administradores al 50% de ILT.
González era, además, desde julio de 1996, miembro del Consejo de Administración de CajaCanarias y votó a favor de la concesión de dicho crédito. Y no fue esa la única vez en la que el empresario, acusado en el caso Las Teresitas junto a su socio Antonio Plasencia, así como el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo y el exedil de Urbanismo Manuel Parejo, levantó la mano a favor de préstamos para sus empresas o su entorno familiar. En concreto, según el BdE , lo hizo en doce ocasiones por créditos que sumaron 7.697 millones pesetas (46,2 millones de euros).
El informe apunta que en una muestra de riesgos crediticios, que "ha alcanzado el 31% de los mismos, y del tratamiento contable de la inversión irregular, se ha verificado la existencia de operaciones dudosas registradas como inversión normal, por un total de 6.600 millones de pesetas"; la entidad reguladora subraya además que en la concesión de los apoyos crediticios la entidad utilizó unos parámetros en los que primaron consideraciones de tipo comercial y sociopolíticas sobre criterios técnicos.
