El matrimonio ruso formado por Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva y su hijo Igor, acusados de actuar como testaferros del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, con quien tenían negocios, han solicitado amparo al Tribunal Constitucional y al Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, para conseguir su libertad. Llevan trece meses encarcelados en la prisión de Juan Grande, al Sur de Gran Canaria, sin conocer el sumario de la causa y los hechos que se les imputan. De ahí que consideran que la prolongación del secreto judicial les genera indefensión jurídica, vulnera su presunción de inocencia y quebranta sus derechos fundamentales. Creen que la Justicia les ha utilizado "a modo de pescadilla, intentando pescar una presa más gorda", en relación al dictador.
La Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas celebró el jueves una vista para abordar el recurso de apelación interpuesto por la defensa solicitando la salida de Julia Kokoreva del centro penitenciario Las Palmas II, donde también permanecen su marido y su hijo, todos incomunicados entre sí y en distintos módulos.
El tribunal resolverá en los próximos días este recurso contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital grancanaria, que denegó la libertad de Kokoreva. Además, recientemente la Sección Segunda de la Audiencia Provincial rechazó la libertad de Vladimir Kokorev, sin celebrar vista.
Los tres miembros de la familia están acusados de supuestos delitos de blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos de Guinea Ecuatorial, tráfico de armas, tráfico de drogas y delito contra la Hacienda Pública, pero desconocen los hechos que sustentan dichas imputaciones.
La defensa cuestiona la prórroga continuada del secreto de sumario y pide que se suspenda la prisión provisional sin fianza para sus clientes, al entender que ven limitada su posibilidad de defenderse, ya que ignoran los hechos por los que se les investiga y por los que llevan más de un año entre rejas. En este sentido, la representación legal de los Kokorev ha presentado una queja ante el Diputado del Común y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Según fuentes jurídicas, la Unión Europea obligó a España a modificar el pasado año su ley procesal para que, aunque un expediente esté bajo secreto, el acusado tiene derecho a conocer "mínimamente los hechos" por los que está en el calabozo.
Sin embargo, otras fuentes precisan que en el caso de los Kokorev el secreto está "justificado", ya que continúan las pesquisas en torno a ellos, y destacan que llevan varios meses en prisión porque "estuvieron en paradero desconocido, la Policía tardó mucho tiempo en localizarles porque se habían escapado de España". Además, subrayan que el sigilo de un procedimiento puede renovarse cada mes y no está sujeto a un plazo máximo legal.
La "pesadilla procesal" de los Kokorev, como afirman sus familiares, comenzó en octubre de 2008 a raíz de una querella interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de España contra altos cargos del Gobierno guineano por blanqueo de capitales. Los tres miembros de la familia Kokorev, de nacionalidad española y afincados desde 1998 entre Canarias y Madrid, fueron detenidos a principios de septiembre de 2015 en Panamá por presuntamente lavar en España fondos públicos del Ejecutivo de Guinea Ecuatorial mediante la creación de sociedades pantalla y la adquisición de patrimonio.
Kokorev, junto con su esposa y su hijo Igor, cumplen más de un año en prisión preventiva por ejercer supuestamente de testaferros de Obiang. Sobre ellos pesaba una orden de búsqueda y captura, emitida por el Juzgado de Instrucción número 5 en 2013. La investigación se lleva con máxima discreción.
La juez Ana Isabel de Vega, que mantiene el secreto de sumario, y el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río, indagan si la empresa Kalunga Company SA, propiedad de los Kokorev, era una sociedad fantasma y servía de tapadera para sacar dinero de Guinea Ecuatorial a través de transferencias bancarias. En concreto, entre junio de 2000 y diciembre de 2003 se transfirieron a esta compañía alrededor de 26,4 millones de dólares (23,2 millones de euros). Esta mercantil, con sede en Panamá y una cuenta corriente en la capital grancanaria, recibió trece transferencias desde una cuenta abierta por Petróleo de Guinea Ecuatorial en el Banco Riggs de Nueva York, detrás de la que está la familia Obiang.
Por el contrario, la pareja rusa ha negado el blanqueo de capitales mediante la compra de propiedades en las Islas, Madrid y otras zonas de España, con el argumento de que esos pagos se corresponden con la actividad de su empresa naviera y que su relación con Obiang era sólo de índole comercial.
Familiares de los encausados insisten en el desamparo que sufren ante la reserva de las actuaciones en el juzgado, que impide a los Kokorev tener conocimiento de las diligencias practicadas y proponer otras. Además, se preguntan por qué "tanta prisa para arrestarlos y encarcelarlos" si, en cambio, luego "se tarda tanto en la instrucción" del procedimiento.
Parientes y allegados de los reos ofrecen una versión muy distinta de los hechos por los que se les acusa. Señalan que Vladimir Kokorev era diplomático ruso, traductor e intérprete para las altas esferas del Kremlin y, harto de "sovietizar", se trasladó a España con su esposa y sus dos hijos Vladimir e Igor. Se instaló en la capital grancanaria y se lanzó en un negocio de compraventa de barcos y reparaciones navales, comerciando entre otros con el Gobierno de Guinea Ecuatorial.
Desde los atentados del 11S
Sus transacciones comerciales pagadas en dólares americanos, "lo normal para negocio internacional", se abonaban a las cuentas de sus sociedades en una entidad en la capital grancanaria, a las que asoció a su esposa "para requisitos legales", aducen Inna Kokorev, sobrina de Kokorev, e Ilya Weisberg, abogado amigo de la familia. Añaden que Guinea tenía una cuenta de su Tesorería General de Estado en el Banco Riggs "como tienen otras muchas embajadas cercanas a la Riggs".
"Hasta ahí todo normal, pero desde el 11 de Septiembre de 2001 todas las cuentas de Riggs han sido analizadas por el Gobierno estadounidense porque por esta entidad transitó el dinero que sirvió para los terroristas responsables del 11S, especialmente por las cuentas de Arabia Sauí", indican las mismas fuentes, que añaden: "Así que, de repente, Estados Unidos y España consideraron a los Kokorev como posibles sospechosos por recibir pagos desde las cuentas de Guinea desde la Riggs, convirtiéndose en posibles cómplices de estos crímenes". Pero ¿en qué le concierne a España? Este país lucha contra "el blanqueo de capitales de los dictadores", como hacen otros países a los que se asocia en investigaciones internacionales, y resulta que Kokorev había comerciado con el gobierno de Obiang y "esto era sospechoso porque cualquiera que comercie con un régimen dictatorial es sospechoso", agregan.
De tal modo que las mismas fuentes señalan que los Kokorev han sido investigados "desde el 2001 por lo menos". "Las primeras diligencias las llevó a cabo el juez Garzón, pero no demostraron nada". Desde esa época todos sus pasos están monitorizados por la Policía Económica, que sospecha que sus compras y bienes engrosan la lista de los posibles bienes atribuidos a Obiang, algo que refutan sus familiares, que también niegan que la compra de un piso en Las Palmas de Gran Canaria fuera para el mandatario guineano, y aseguran que el inmueble se sitúa "en un barrio de gente humilde", sin detallar el lugar.
Igualmente, destacan que esta situación, unida a las acusaciones sobre que Kokorev era "un agente secreto ruso al servicio del dictador guineano" y "testaferro" de éste, le "obligaron" a salir de Canarias. "Se hartó de ser perseguido en España y se trasladó temporalmente a Panamá, donde figura en el registro consular español, por tanto, no se escondía", insisten sus familiares, que vinculan su estancia en el país centroamericano a que allí tenían cuentas bancarias, "como muchos empresarios navales". Nada que ver con la tesis policial y de la Fiscalía, que sostiene que los Kokorev huyeron de España en 2013, cuando estaban bajo vigilancia y la policía se preparaba para detenerlos.
En Panamá, Ismael Gerli, un abogado especializado en Derecho Civil y Mercantil, se encargaba desde hace años de las empresas y cuentas de Vladimir Kokorev, sociedades off shore para que pudiese operar desde España o desde Panamá, "ahorrando impuestos como todas las empresas de su estilo". La relación era muy estrecha, pero un día se torció y hace dos años Kokorev decidió prescindir de sus servicios. Fue entonces cuando Gerli le exigió 300.000 dólares en concepto de indemnización y finiquito por la ruptura del contrato. Kokorev se negó y -según el testimonio de su familia- "después de varias amenazas e insultos", un día del pasado año Gerli viajó a Gran Canaria donde denunció formalmente a los Kokorev de delitos económicos graves.
Sostienen que ello condujo al arresto de Kokorev y de su esposa y la orden de detención internacional afectaba también a sus hijos.
El matrimonio fue encarcelado en Panamá, pero la Audiencia les liberó bajo fianza de 100.000 dólares cada uno. La embajada española tramitó varios llamamientos al Tribunal Supremo de Panamá para detenerles nuevamente.
Los Kokorev estuvieron libres durante casi un mes hasta que "aceptaron firmar" la extradición a España -según su sobrina- y su hijo Igor se entregó un mes después a las autoridades panameñas. Estuvieron un mes en una cárcel de Madrid hasta ser trasladados a la de Juan Grande, en Gran Canaria, donde se encuentran a la espera del levantamiento del secreto de sumario y a la espera de un juicio. Aún existe una orden de extradición sobre Vladimir hijo.
