Las consejerías del Gobierno canario que dirigen los socialistas acaparan el 61,8% del presupuesto autonómico de 2017, mientras que los departamentos encabezados por Coalición Canaria (CC) absorben el 38,1% restante. Sanidad desequilibra siempre la balanza a favor del que la detenta, no en vano el gasto sanitario supone el 40% del presupuesto de la Comunidad Autónoma. Además, el PSOE tiene también bajo su responsabilidad las políticas sociales, el empleo, la vivienda y la Administración de Justicia, áreas que han visto incrementados sus fondos en los dos presupuestos elaborados por el Gobierno que preside Fernando Clavijo.
Canarias no está tan atosigada como otras comunidades por el cumplimiento del objetivo del déficit y por el endeudamiento que lastra las arcas autonómicas y locales. Sin embargo, el exceso de prudencia y rigor de la Consejería de Hacienda -en manos de Coalición Canaria- ha supuesto varios quebraderos de cabeza en las relaciones entre los dos socios tanto por el adelanto del cierre presupuestario de este año, como por la configuración de las cuentas de 2017. El debate interno ha provocado varios episodios de tensión en el seno del bipartito, hasta tal punto que en la adenda firmada recientemente entre CC y PSOE se incluyeron varios puntos referidos a la necesidad de una mayor coordinación en el seno del Ejecutivo, sobre todo en el ámbito de la política económica y presupuestaria.
Los compromisos adquiridos entre los socios para evitar nuevos roces se han cumplido en parte. El gasto sanitario y el de las políticas sociales crece pero menos de lo reclamado en un primer momento. La oposición ya ha advertido que en este crecimiento el Gobierno computa el aumento que supuso el crédito extraordinario de 105 millones de euros aprobado en septiembre y los 160 millones de euros del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), provenientes del ITE, que tampoco estaban en el presupuesto inicial de este año.
Ante estos números las consejerías de más gasto -que dirigen en su mayor parte los socialistas- ya se encomiendan al casi seguro crédito extraordinario que se aprobará a lo largo del próximo año, cuando se aprueben definitivamente los presupuestos del Estado y el Gobierno central abone las liquidaciones a cuenta y apruebe el techo de gasto. Serán 100 millones de euros más a repartir.
Tras la experiencia de la crisis de los socios de gobierno, las decisiones relevantes en materia económica y presupuestaria se tomarán de mutuo acuerdo con una coordinación permanente entre la Viceconsejería de Hacienda y la Dirección General de Coordinación y Apoyo Técnico a la Vicepresidencia, algo que, a tenor de lo visto, no existía o la comunicación fue más bien escasa en este tiempo, lo que ha obligado a ponerlo en un documento firmado por los líderes de las dos formaciones.
Si el gasto no financiero, es decir, el vinculado a la financiación real de las políticas que aplica el Gobierno, crece cerca de un 4%, no así sucede con el presupuesto consolidado, es decir, la unión de las cuentas de las consejerías del Ejecutivo, organismos autónomos, sector público, la amortización de la deuda y el pago de los intereses. En este caso el presupuesto apenas alcanza el 1% de diferencia con respecto al de este año. ¿Contención preventiva? ¿Exceso de prudencia? ¿Nubarrones que no se disipan por los efectos del brexit y la victoria de Trump? El equipo de Hacienda lo tiene claro: más vale pecar ahora de conservadurismo en los ingresos y los gastos y después aflojar con nuevas partidas extraordinarias.
Es en este punto donde los socios han llegado a un consenso de mínimos para evitar nuevas tensiones: el cierre corrige el desfase presupuestario de Sanidad pero el gasto de aquí a final de año no está sujeto a las limitaciones de la medida impuesta por Hacienda. Asimismo, a los 75 millones se sumará lo que se genere en el crédito extraordinario que, a buen seguro, se aprobará durante el transcurso del próximo año. La vicepresidenta del Ejecutivo, Patricia Hernández, se encargó de asegurar en la presentación de su presupuesto en comisión parlamentaria que peleará por incrementar los fondos destinados a empleo y políticas sociales en los fondos extras del próximo año.
El talón de Aquiles de las cuentas de 2017 sigue siendo la infrafinanciación de los servicios públicos como consecuencia del sistema de financiación autonómica. Es complicado que en 2017 se apruebe un nuevo modelo que satisfaga los intereses contrapuestos de las 17 comunidades autónomas, algunas con más urgencias que otras. La influencia que pueda tener el hecho de que el pacto en Canarias no coincida con el partido que gobierna en el Estado está por ver. Coalición Canaria se juega su credibilidad con un sistema que equilibre los fondos que se destinan a financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales para así no tener que reservar ocho de cada diez euros del presupuesto autonómico a sostener el gasto público esencial.
La peculiar situación en la que se encuentra el PSOE en Madrid es un arma de doble filo para los socialistas canarios, que parten de un escenario de desventaja con respecto al PP y a los nacionalistas. Los populares se han comprometido no sólo a cambiar el modelo, sino a atender las peticiones de Canarias de mayor equilibrio en los fondos que se reparten entre las comunidades. De cómo acabe esta negociación puede depender también las relaciones entre los socios de gobierno.
Endeudamiento
Los socialistas se han visto obligados a contener sus reclamaciones de más fondos en aras de la obligada austeridad que exige Bruselas a España. El incremento del déficit del 0,1% al 0,5% ha sido un balón de oxígeno para todas las comunidades, incluida Canarias que, pese a todo, seguirá con su propia austeridad y tiene en las previsiones presupuestarias quedarse en el 0,25% a la espera de lo que suceda en los próximos meses con las cuentas estatales, el recorte exigido por la UE y la regla de gasto.
Las cuentas autonómicas destinarán este año 638,2 millones de euros a amortizar deuda, menos que las previsiones de este año, que eran inicialmente de 851,3 millones. Sin embargo, sí hay expectativas de incrementar ligeramente el endeudamiento neto en 2017 con respecto al actual, con 201,6 millones de euros en total frente a los 188,2 del ejercicio vigente.
Canarias es la tercera comunidad menos endeudada en relación con el Producto Interior Bruto (PIB) mientras que por habitante es la que tiene menos deuda. De esta forma, en el caso de que se cumplan las previsiones más optimistas del pacto regional, sobre todo de los socialistas, Canarias estará en mejor posición que otras comunidades para aprobar un crédito extraordinario similar al de este año para inyectar más fondos al gasto social y, de camino, calmar los ánimos entre los socios tras la tempestad de la crisis.
