El Gobierno de Canarias publicará en el primer cuatrimestre del próximo año la oferta pública de empleo (OPE) para la Administración General -excluye Sanidad, Educación y Justicia- correspondiente a 2016. Celebrará un único proceso selectivo para cubrir esta y la de 2015, ya aprobada por el anterior Ejecutivo, con lo que pondrá en liza un total de 414 puestos de turno libre y 245 de promoción interna. Desde 2008, año de inicio de la crisis, el aparato de la comunidad autónoma no reponía efectivos a través de un certamen de estas características.
El director de Función Pública, José Gregorio Medina, explicó que el número de puestos ofertados es el máximo que permite la normativa estatal, que define las tasas de reposición. En cuanto a la posibilidad de que los funcionarios se presenten a exámenes para mejorar su situación en el escalafón -promoción interna- "el número de plazas no puede ser inferior al 25% del total", porcentaje que en esta ocasión "se supera ampliamente", apuntó Medina.
El propio alto cargo de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno regional señaló que "hacen muchísima falta" los nuevos trabajadores públicos, por cuanto en los últimos años no se han producido entradas. Esa circunstancia ha motivado "un salto generacional", afirmó Medina, y el consiguiente aumento de la edad media de las plantillas, en las que los más jóvenes tienen en la actualidad en torno a 40 años.
Así se decidió en la Mesa Sectorial de Negociación de la Función Pública reunida ayer en Tenerife, en la que los sindicatos mostraron sus reparos a la acumulación de las convocatorias de dos años en una sola. "De esta manera, los opositores se lo juegan todo a una carta. Si hubiera dos, podrían volver a intentarlo al año siguiente", explicó el secretario de Acción Sindical de Sepca, Manuel González. En los mismos términos se expresó el secretario de Comunidad Autónoma de la Ejecutiva Insular tinerfeña de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Antonio Delgado.
Economía de procedimiento
Por su parte, Medina señaló que la acumulación de las ofertas de ambos ejercicios responde a criterios de "economía de procedimiento". Es decir, abarata costes a las arcas públicas aunar ambas. En cualquier caso, este disenso no amenaza el proceso, ya que ambas partes tienen máximo interés en que el proceso salga adelante, sobre todo después de lograr limar los problemas técnicos en la relación de puestos de trabajo de 2016 que obligaron la negociación el pasado julio.
Entre las plazas ofertadas para el año 2016 se incluyen 50 para administradores generales, 36 de gestión general, 23 para arquitectos técnicos, trece para administradores financieros y tributarios o 16 para ingenieros técnicos agrícolas, entre otras.
Tanto González como Delgado coincidieron también al aludir a los problemas que puede generar la inclusión en la oferta de puestos que hayan sido ocupados por interinos durante al menos tres años. Una reciente sentencia de la Justicia europea obliga a indemnizar a los trabajadores que estando en dicha situación se presentan a una prueba selectiva y quedan fuera del proceso.
La relación de puestos de trabajo de 2016 no incluye puestos de estas características, pero sí la de 2015. Manuel González mantiene la opinión de que esas plazas deben seguir cubiertas por personal interino hasta su jubilación, lo que generaría un ahorro a las arcas canarias en indemnizaciones.
No obstante, el director general de Función Pública señaló que aún es pronto para determinar el alcance de la decisión adoptada por los jueces europeos. Según detalló José Gregorio Medina, será en una próxima reunión de todos los responsables de función pública con el Gobierno central cuando conozcan la valoración del Estado sobre este asunto. El propio presidente de España, Mariano Rajoy, mostró ayer su cautela sobre el alcance de la sentencia europea.
