El abogado que representa al exministro José Manuel Soria en su querella contra la juez Victoria Rosell, Eligio Hernández, ha manifestado este viernes que con el testimonio prestado este viernes por el empresario Miguel Ángel Ramírez es suficiente para acusar a Rosell.

Tras asistir a la declaración de Ramírez ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Eligio Hernández ha manifestado a los periodistas que, a su juicio, ya está "todo practicado" en esta instrucción y que, por ello, no se ha quedado al interrogatorio posterior del secretario judicial que asistía en aquellos momentos a Rosell en su Juzgado.

Según el letrado que representa a la acción popular ejercida por Soria, él solo se ha interesado por el contrato suscrito el 28 de octubre de 2015 entre las empresas de Ramírez y la pareja de la jueza, el periodista Carlos Sosa, que prueba, a su juicio, las relaciones comerciales entre ambos y su repercusión en la causa penal que investigaba Rosell sobre el citado empresario.

Ramírez ha declinado hacer declaraciones a los periodistas tras ser interrogado por la magistrada Margarita Varona y el fiscal Superior Vicente Garrido.

Sin embargo, Hernández ha dicho que el empresario ha reconocido ese contrato, así como el pagaré por el que Sosa recibió 100.000 euros y que consta en las diligencias.

El abogado de Soria sostiene que el acuerdo por el que la UD Las Palmas compró a Sosa su licencia de FM no se pudo gestar en solo seis días, en referencia a la fecha en la que se firmó, que es muy cercana al día en que Rosell abandonó el Juzgado para presentarse a las elecciones generales de 2015 como candidata de Podemos.

El letrado ha recalcado que tiene "muchas horas de vuelo y muchas miles de horas de sumarios como juez, fiscal y abogado" para poder efectuar esta valoración.

Hernández ha indicado que el interrogatorio al propietario del grupo Ralons ha sido amplio, por lo que él no ha tenido que formular preguntas al empresario, salvo la del contrato de la licencia de radio, que la acusación cita entre las pruebas de los delitos de cohecho y prevaricación que reprocha a Rosell.

Sobre el tercer delito que se le imputa, el retardo malicioso en la administración judicial, el abogado ha señalado que hoy no ha sido objeto de su interés, porque ya figura en la causa.

Eligio Hernández ha defendido también que el hecho de que el citado acuerdo entre Sosa y la UD Las Palmas no implicara ninguna actuación contra la jueza por parte del Consejo General del Poder Judicial no quiere decir que no existan indicios de delitos.

Y sobre este aspecto, ha añadido que lo que pueda considerar al respecto la magistrada instructora Margarita Varona contará con su "absoluto respeto", aunque lo pueda recurrir, pues la conoce desde hace 30 años y su "trayectoria es intachable".