La salud del pacto regional vuelve a ponerse a prueba tres semanas después de la firma de la adenda que ponía fin a más de un mes de crisis entre los socios. Las suturas del acuerdo saltan de nuevo por el lado de los pactos locales, ya que los concejales y militantes de Coalición Canaria en Puerto de la Cruz y Arico han hecho caso omiso a las instrucciones de la dirección de la formación nacionalista y se niegan a cambiar los gobiernos municipales para favorecer al PSOE.
Sin embargo, 20 días después el escenario al que se enfrentan los socios no es el mismo. De los dos firmantes del acuerdo -José Miguel Barragán (CC) y José Miguel Pérez (PSOE)- el segundo ya no está tras presentar su dimisión como secretario general. Los socialistas están enredados en sus habituales problemas internos para formar una gestora que dirija el partido hasta el congreso, lo que provoca que no haya un interlocutor que gestione lo que va a suceder desde ahora para cumplir los pactos locales.
La gestora del PSC-PSOE tiene como principal objetivo preparar la celebración del congreso regional y no entrar en asuntos de calado político. Sin embargo, los miembros del nuevo equipo que va a dirigir el partido tendrán varias papeletas peliagudas que administrar y la continuidad del pacto es una de ellas. La pugna interna entre Patricia Hernández y sus críticos -encabezados por Sebastián Franquis y Dolores Corujo- no es solo por ver quién llega con más fuerza al congreso regional para alzarse con la Secretaría Regional. La continuidad del pacto es también clave en estos próximos meses y de ahí que la vicepresidenta del Gobierno quiera tener "controlada" la gestora para evitar nuevos problemas como los que tuvo con el exsecretario general, José Miguel Pérez, y que pusieron el pacto al borde de la ruptura.
Algunos dirigentes socialistas, como el portavoz parlamentario Iñaki Lavandera o el presidente de la gestora de Tenerife Héctor Gómez, han metido presión a CC recordando a los nacionalistas que ellos no negociaron con los comités locales de Puerto de la Cruz y Arico, sino con la dirección encabezada por José Miguel Barragán y José Miguel Ruano. Pero no dejan de ser declaraciones de responsables del partido y miembros de la mesa del pacto a nivel individual ya que, hoy por hoy, el PSC aún no tiene gestora que encauce el nuevo escenario.
Decisiones drásticas
La finalización del plazo de 20 días incluida en la adenda coincide en el tiempo con la designación de la gestora socialista, lo que introduce cierta incertidumbre sobre lo que puede pasar en los próximos días y semanas. Ya hay dirigentes del sector crítico, como es el caso del diputado Gustavo Matos, que exigen decisiones drásticas ante los nuevos incumplimientos de CC y la estabilidad del Ayuntamiento de La Laguna vuelve a salir a la palestra como amenaza de los socialistas, una baza que ya han utilizado en anteriores ocasiones.
La dirección de Coalición Canaria tendrá que aplicar a partir de mañana los estatutos e iniciar el expediente de expulsión de sus ediles rebeldes. Sin embargo, la previsión es que sea por el procedimiento ordinario, lo que supone más de un mes de trámites. Por medio se celebrará el Consejo Político de CC el próximo 17 de diciembre.
La expulsión no tiene efectos inmediatos de ruptura de los pactos, pero sí supone un quebranto económico para los concejales expulsados del gobierno ya que, al pasar al grupo de los no adscritos, pierden sus retribuciones según recoge la Ley de Municipios de Canarias. La expulsión es una decisión que no deja de ser traumática para la formación a nivel interno, ya que los afiliados han advertido que también dejarán el partido si se expulsa a los concejales.
También un amplio sector de CC de Tenerife demanda una mesa del pacto de inmediato para que los socialistas reviertan las situaciones de los ayuntamientos de La Guancha y Arona. En el primero el alcalde es del PP en minoría porque los socialistas no han respaldado a la candidata de CC para que sea alcaldesa. En Arona gobiernan los socialistas, que llegaron a un acuerdo con un grupo local y dejaron a los nacionalistas en la oposición. En ambos casos Coalición de Tenerife exige que el PSOE revierta el incumplimiento del pacto en estas dos localidades en un máximo de tres meses, tal y como estipula la adenda.
Por otro lado, ayer hubo apoyo sin fisuras y unánime en el comité local de CC de Arico para que Elena Fumero siga al frente de la Alcaldía. Las pretensiones de la Ejecutiva regional del PSOE para que la regidora diera un paso al lado y cediera el bastón de mando municipal a la socialista Olivia Delgado como gesto para no romper el pacto regional recibió la misma respuesta negativa con la que ya se pronunciaron los concejales nacionalistas de Puerto de la Cruz para dejar de apoyar al alcalde popular, Lope Afonso.
En una reunión que apenas duró 20 minutos, la asamblea nacionalista dio carpetazo al asunto y mostró, primero, con los argumentos expresados a viva voz por seis de sus integrantes y, segundo, con el voto a mano alzada de todos ellos, el acuerdo unánime de rechazar que Fumero abandone su puesto en la corporación local sureña.
Aunque la reunión se celebró a puerta cerrada, fuentes internas del partido señalaron que, entre otros argumentos que se esgrimieron para defender su postura, "los nacionalistas de Arico apoyamos el trabajo realizado por el gobierno municipal que lidera Fumero, que tiene un proyecto político que se debe a sus vecinos, y en una formación unida que ha dejado fuera las rencillas, por lo que no nos plegaremos a ser moneda de cambio como condición para mantener el pacto regional".
"Si se expulsa a Elena nos expulsan a todos o dimitimos todos del comité local", advirtieron diversas fuentes nacionalistas.
