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El CGPJ expedienta a Rosell por instruir una causa en la que estaba recusada

Un abogado acusa a la juez de retrasar dos pleitos para perjudicarle

El CGPJ expedienta a Rosell por instruir una causa en la que estaba recusada

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto expediente disciplinario a la magistrada y exdiputada de Podemos Victoria Rosell por la posible comisión de una falta muy grave. La infracción, que está relacionada con instruir y demorar una causa en la que fue recusada, está castigada de manera alternativa con la suspensión, el traslado forzoso o la separación de la carrera judicial.

El promotor de la Acción Disciplinaria en el CGPJ, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, acordó ayer la incoación del expediente por la supuesta desatención los procedimientos que tramita Rosell como titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

La infracción que se persigue está prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que castiga la "desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales".

Según explica Fonseca-Herrero en un comunicado, el expediente tiene su origen en una comunicación de la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS), que el pasado 8 de abril remitió al CGPJ un escrito presentado ante la Fiscalía de Las Palmas por un abogado en el que denunciaba a la magistrada, en ese momento diputada al Congreso, por los delitos de falsedad en documento oficial, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, retardo malicioso en la tramitación de una causa judicial y contra el ejercicio de derechos cívicos reconocidos en la Constitución.

La Fiscalía, tras analizar la denuncia, no apreció indicios para incoar diligencias de investigación penal y acordó su archivo, pero remitió la misma al CGPJ por si pudiera derivarse alguna responsabilidad disciplinaria.

El denunciante es un abogado de Las Palmas de Gran Canaria, Eduardo López Mendoza, que se ha sentido perseguido por la juez al verse imputado en dos causas: una está archivada desde abril; en la otra la Fiscalía pidió en julio el sobreseimiento respecto de Mendoza y otros investigados. El letrado asegura que la instructora ha retrasado esos procesos por animadversión, tras asumir Mendoza la defensa de José Miguel Suárez Gil, un empresario y expresidente de la Cámara de Comercio que ha tenido varios pleitos judiciales con la pareja de Rosell.

Herrera-Fonseca, para investigar los hechos, ha recabado un informe del letrado del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas; ha pedido explicaciones a Rosell y ha practicado otras diligencias, cuyos resultados apuntan a la desatención por intervenir en un procedimiento en el que había sido recusada el 26 de septiembre de 2013.

En un auto fechado el 6 de noviembre de 2013, añade Fonseca-Herrero, la juez acordó la inadmisión de la recusación y dispuso que, hasta que la Audiencia de Las Palmas no resolviera el incidente, fuera otro magistrado quien continuara la tramitación. La recusación fue resuelta el 11 de mayo de 2015 por la Audiencia, que la rechazó, y tres días después devolvió las actuaciones al Juzgado. El promotor de la Acción Disciplinaria señala que entre los días 6 de noviembre de 2013 -fecha en la que la juez inadmitió la recusación- y 14 de mayo de 2015 -fecha en la que la Audiencia devolvió las actuaciones - "la magistrada Victoria Rosell intervino en la tramitación de la causa en que había sido recusada estando pendiente de resolución el incidente que ella misma acordó remitir a la Audiencia". Esa intervención se produjo "en las comparecencias para declaración del investigado Eduardo López Mendoza, que se celebraron los días 11 y 28 de noviembre de 2014".

Desde el entorno de Rosell niegan que los hechos ocurrieran así y acusas a Mendoza de aprovechar la coyuntura para desacreditar a juez, pues presentó la queja mucho después (las causas son de 2010 y 2014), cuando ya se había admitido la querella contra Rosell por los informes del juez Salvador Alba. Destacan que el TSJC ha rechazado una querella de Mendoza y que ha intentado implicar sin éxito a la juez en unos mensajes amenazantes a Miguel Ángel Ramírez. Tanto Rosell como Alba son investigados en el TSJC por sus actuaciones en la causa por fraude fiscal que afecta a este empresario. Alba también está expedientado.

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