29 de noviembre de 2016
29.11.2016

La plataforma contra la ley del suelo censura que se relegue a la agricultura

Los contrarios a la nueva norma creen que abrir nuevos usos en la superficie rústica, como el turístico o el industrial, daña al territorio

29.11.2016 | 10:18
Antonio Morales, sentado a la izquierda, junto a Antonio Pérez y Paulino Rivero. De pie, Román Rodríguez (izquierda) y choca la mano con Carmelo Padrón.

La introducción de nuevos usos en el suelo rústico es una de las principales deficiencias que contempla el proyecto de la ley del suelo, según los participantes del debate organizado ayer por la plataforma en contra de la norma que impulsa el Ejecutivo regional, Canarias por un territorio sostenible. En la mesa redonda, en la que intervinieron el expresidente del Ejecutivo regional, Paulino Rivero; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento, Román Rodríguez, y el catedrático en Derecho Urbanístico y arquitecto, Carmelo Padrón, se subrayaron también las consecuencias negativas de la cesión de las competencias urbanísticas a los ayuntamientos y la debilitación de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).

Rivero destacó que el "valor del paisaje" de las Islas actúa como complemento de la principal actividad económica de Canarias, por lo que abogó por su cuidado al afirmar que abrir el suelo rústico a otras actividades, como la turística o la industrial, se generan expectativas para "seguir machacando nuevo territorio". Padrón, por su parte, señaló que este aspecto de la futura ley puede suponer la "desarticulación total" del territorio porque la actividad agraria se convertiría en una "excusa", una consideración en la que coincidió Rodríguez. El portavoz de NC aseguró que pese a que hay en torno a una decena de artículos "facilitadores" para la actividad agrícola y ganadera, posibilitar la creación de infraestructuras turísticas e industriales en el suelo rústico terminará "desplazando" la actividad del sector primario.

Para Morales la elaboración de la ley responde a una intención del Ejecutivo regional de "comprar voluntades". Por un lado, la del líder de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, para tratar de sostener la estabilidad del Gobierno, y, por otro, la de los poderes económicos. El presidente de la Corporación insular censuró el planteamiento de la nueva ley y reiteró que la Institución que representa siempre defenderá un modelo de desarrollo de "ecoisla".

El debate organizado por la plataforma contra la ley del suelo, en la que se integran diferentes sindicatos, partidos políticos como Nueva Canarias o Podemos, ecologistas, y colectivos como la Fundación César Manrique, es el segundo en el que participa Rivero. Ayer, el expresidente del Gobierno canario criticó también que la capacidad que otorga esta norma a los municipios para aprobar sus planeamientos conduce a impulsar "88 ambiciones" para crecer. Bajo su punto de vista, los ayuntamientos deben contar con todas las competencias para prestar mejores servicios a su población, pero no aquellas relacionadas con urbanismo, enfatizó, porque "la presión inmediata del vecino condiciona mucho las decisiones de las corporaciones locales".

Respecto a las vías que existen para dinamizar la construcción, Rivero puso en valor la apuesta por la rehabilitación. "Debe estar centrada en la recuperación de espacios obsoletos para que el turismo no pierda competitividad", remarcó. Asimismo, los intervinientes del debate coincidieron en que durante el trámite parlamentario de la ley se deben erradicar del planeamiento las "decisiones arbitrarias" a las que da paso la inexistencia de la vigilancia de la Cotmac.

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