Todos los grupos en el Parlamento de Canarias apoyaron hoy por unanimidad una proposición no de ley para la atención integral a la diabetes, una enfermedad que puede afectar a 350.000 personas en las islas y que causa al año unas 700 amputaciones de pie.

La proposición no de ley fue defendida por el diputado del grupo Popular Jorge Rodríguez, que aceptó una enmienda de CC para sustituir su texto por los trece puntos incluidos en el manifiesto por la diabetes en Canarias elaborado por asociaciones de afectados por esta enfermedad.

En su intervención inicial Jorge Rodríguez afirmó que la diabetes es "la gran desconocida" respecto a las consecuencias perniciosas que puede ocasionar un diagnóstico tardío, y que deriva en un grave problema de enorme impacto social y sanitario.

En España el 14 por ciento de la población adulta padece diabetes, unos 6 millones de personas, y en Canarias son más de 285.000 pero se calcula que otras 90.000 no saben que la padecen por lo que en conjunto, esta enfermedad afecta al 17,5 por ciento de los habitantes del archipiélago.

El diputado popular se refirió a las consecuencias de esta patología en cuanto a afecciones como el pie diabético y las deficiencias visuales, por lo que defendió la necesidad de elaborar un plan integral de atención que contemple la prevención de estas complicaciones para que el sistema sanitario público canario trabaje de forma coordinada.

Nereida Calero, del grupo Nacionalista Canario, aludió al manifiesto elaborado por colectivos de diabéticos en Canarias en los que plantea prioridades para que sean abordadas por el Gobierno regional que van desde el plan integral de atención a la asistencia a menores diabéticos en centros educativos.

Por el grupo Socialista el diputado Marcos Francisco Hernández se refirió además a la necesidad de introducir nuevas tecnologías en la asistencia a la diabetes, como la bomba de insulina de última generación.

Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, consideró que la iniciativa es oportuna aunque parte de la propuesta inicial del PP, que pedía crear unidades específicas de diabetes en los hospitales públicos, se le antoja difícil de asumir.

Por Nueva Canarias la parlamentaria Esther González dijo que otra consecuencia obvia de la diabetes es el problema de obesidad en Canarias y advirtió de que posiblemente en diez años las enfermedades renales crónicas pueden "llevarse" el 25 por ciento del presupuesto del Servicio Canario de la Salud.

María del Río, del grupo Podemos, advirtió de que si esta proposición no recibe la financiación pertinente "se quedará en papel mojado".