En Canarias todo empezó con la detención en la localidad lanzaroteña de Playa Blanca (Yaiza) en diciembre de 2004 del marroquí Hassan El Haski considerado como uno de los autores intelectuales de los atentados del 11-M de Madrid que le costó la vida a 193 personas y heridas a otras 1.858. El Haski, que fue condenado a 14 años de cárcel, pertenecía al denominado Grupo Islámico Combatiente Marroquí, vinculado a Al Queda. En esa misma operación fueron detenidos otros tres marroquíes aunque varios de ellos fueron puestos en libertad libre de cargos.
Aunque en un principio se relacionó también a El Haski con los atentados del 16 de mayo de 2003 en Casablanca (Marruecos), en los que hubo 45 muertos, fue absuelto por un tribunal marroquí.
No fue hasta junio de 2011 cuando la Policía Nacional volvía a detener en Canarias a otro presunto yihadista. Lo hacía en Maspalomas (Gran Canaria) al detener a otro ciudadano marroquí, Imad El Moushhid al que los agentes de la Brigada de Información de la Policía Nacional lo acusaron de dedicarse a captar menores con el objetivo de introducirlos en la yihad (lucha espiritual en árabe) y posiblemente convertirlos en futuros terroristas islámicos. Según la investigación, el detenido utilizaba la mezquita del centro comercial Yumbo en Maspalomas para la captación de jóvenes.
La primera detención de una mujer vinculada con la yihad en Canarias se producía en el barrio de La Vega de Arrecife (Lanzarote) en julio de 2015. La gaditana de 44 años, Silvia Celestín Carrasco era acusada, además de difundir contenido yihadista en Faceboock, de ser una "reclutadora activa" localizando a través de esta red social a posibles candidatas, especialmente jóvenes adolescentes, integrándolas en grupos de Whatsapp y Telegram para realizar luego un proceso de selección y establecer contacto personal preparatorio para el desplazamiento posterior a los territorios controlados por el Estado Islámico u otros grupos yihadistas.
La Policía no cree que Silvia lograra que alguna de las jóvenes captadas se adentrara en los territorios controlados por el Daesh (el acrónimo en árabe del Estado Islámico) para llevar a cabo principalmente actividades de apoyo doméstico y hospitalario o ejercer funciones de "policía fiscalizadora" de la Sharia (ley islámica) en el ámbito femenino.
La última detención, antes de la de este domingo en Vecindario, tenía lugar en el municipio majorero de Pájara en diciembre del pasado año. En una operación conjunta contra el yihadismo en España se detenía a Soukaina Aboudrar, de 19 años en Pájara y a Marouan Ben Nacer, de 32 años en Mataró (Barcelona) ambos marroquíes.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, los enviaba a prisión al imputarles indiciariamente un delito de integración en organización terrorista por la "ingente actividad" en favor del Califato que habrían desarrollado en los últimos años. "Os juramos por Allah que dentro de poco tendréis miedo hasta de pasear solos", era uno de los numerosos mensajes amenazantes que difundió esta joven en Twitter o Facebook, redes en las que los acusados adoptaban todo tipo de medidas de seguridad para evitar ser localizados.
