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La Fiscal ve un "saqueo" de Zerolo a las arcas municipales con Las Teresitas

Retirados los cargos al exinterventor, al exsecretario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y a los apoderados de ILT

"¿Cómo se puede defender que la compra de las once parcelas del frente de playa de Las Teresitas era un "negocio extraordinario, magnífico y bueno" para la ciudad como ha mantenido el acusado y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo en su declaración, cuando ha quedado acreditado que el Ayuntamiento pagó más de dos veces de lo que valían? Lo que se ha cometido aquí es un auténtico saqueo de las arcas públicas con el fin de beneficiar a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, en lugar de velar por el interés general". Con esta contundencia se refirió ayer la delegada de la Fiscalía anticorrupción, María Farnés Martínez-Frigola, para definir -según sus conclusiones- lo que "en realidad" se produjo en 2001 con la operación de compraventa de las parcelas del frente de playa por parte del consistorio municipal a Inversiones Las Teresitas (ILT), sociedad a la que le pagó 8.750 millones de pesetas (52,5 millones de euros).

Esa cantidad suponía desembolsar más del doble de lo que los funcionarios y tasadores habían señalado en diversos informes que, de forma intencionada, se excluyeron finalmente del expediente de compraventa que se llevó al pleno extraordinario celebrado el 23 de julio de 2001, donde se aprobó por unanimidad dicha operación.

La fiscal incidió en que "es absolutamente imposible que esta operación se pudiera realizar sin el conocimiento, ni el consentimiento de Zerolo, apuntalando lo declarado como testigo por el actual regidor, José Manuel Bermúdez.

La fiscal quiso hacer aún más evidente el "saqueo" y detalló que el precio de la compraventa de las parcelas suponía un equivalente al 25% del presupuesto de la corporación entonces y fue diez veces más de lo que se invirtió en Asuntos Sociales y servicios públicos en 2001.

Por la mañana la fiscalía retiró los cargos de los que le venía acusando al exinterventor general Antonio Messía de Yraola y al exsecretario general del Ayuntamiento, José Eugenio de Zárate, así como de los apoderados de ILT, Carlos Plasencia y Pedro González, manteniendo las mismas penas que solicitaba hasta el momento para los nueve restantes encartados.

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