La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria califica el proyecto de la ley del suelo de "valiente y responsable" porque aborda buena parte de los principales problemas que tiene la ordenación del territorio del Archipiélago, como la lentitud en la elaboración de los planes de urbanismo, pero subraya la importancia de que la Comunidad Autónoma intervenga en la fase final de la aprobación de los mismos para asegurar que se mantiene una "coherencia supramunicipal y suprainsular".
Para esta entidad, esa intervención debe traducirse en la ejecución de una evaluación ambiental estratégica o cualquier otro tipo de "peritaje" sin que se desvirtúe la capacidad de aprobación de los ayuntamientos y cabildos. La junta directiva de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria apuesta porque sea la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) u otro órgano con diferente nombre pero "mucho más descargado de funciones"el que dicte esos informes.
La lentitud en la elaboración de planes es, para la Sociedad Económica, "más grave que el de la complejidad y abundancia de normas urbanísticas, lo que algunos denominan la maraña legislativa". Por eso subrayan que se plantea por primera vez una posible solución, "algo que ninguna otra propuesta legislativa anterior había siquiera intentado".
Sin embargo, advierte que para que se obtengan beneficios de la nueva ley del suelo es necesario que se active un mecanismo de "asistencia interadministrativa" eficaz, porque la mayoría de municipios no son capaces de liderar por sí solos su propia planificación: "Los principios políticos de este mecanismo no están desarrollados, aparte de lo que parece una mera expresión de buenos deseos".
Rústico
El proyecto de la ley del suelo se encuentra en trámite parlamentario y esta entidad, pese a que no percibe prácticamente ninguna variación sustancial en lo relativo a los espacios protegidos con respecto a la legislación vigente, echa en falta la propuesta de nuevas superficies naturales que cuenten con protección. Asimismo, la entidad hace hincapié en que ahora es el momento de plantear una regulación más rápida en la gestión de estos espacios porque "la pesadumbre administrativa de la regulación actual no mejora de por sí la protección".
La introducción de usos complementarios en suelo rústico, como los turísticos o los industriales, ha generado numerosas críticas como la del portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias, Román Rodríguez, o el expresidente del Ejecutivo regional, Paulino Rivero. Ambos consideran que ese tipo de acciones ponen en peligro el territorio y relega a un segundo plano a la actividadeagrícola y ganadera. La Real Sociedad Económica del País de Gran Canaria, en cambio, aplaude este aspecto del proyecto porque entiende que la rigidez que ha existido hasta ahora ha contribuido, en cierto modo, al abandono del campo. No obstante, algunos miembros de la junta directiva advierten que esta vía deja abierta la puerta a la llegada de instalaciones de uso turístico al medio rural "sin control".
Por otra parte, la entidad también considera acertado incrementar las posibilidades a los proyectos de interés estratégico "que antes estaban increíblemente tasados y convertían cualquier cambio inédito de la planificación en una batalla administrativa interminable".
En la futura norma que impulsa el Ejecutivo regional resalta, a juicio de esta entidad, la introducción del principio de "compensar por conservar" por ser algo inédito en la legislación canaria del territorio que se ha desarrollado hasta ahora. La Real Sociedad Económica del País de Gran Canaria, cuyo director es Tomas Van de Walle, considera que este hecho constituye un posibilidad "muy interesante" que debe ser estimulada tanto por el Gobierno de Canarias como por los Cabildos para que no pase a la historia "como una buena idea que nunca se realizó".
