Nueve horas y media es el tiempo que empleó la delegada provincial de la Fiscalía Anticorrupción, María Farnés Martínez-Frigola, para desarrollar su alegato final en el juicio penal por el caso Las Teresitas. Después de desgranar los pormenores de las pruebas presentadas a lo largo de 28 sesiones de vista oral y señalar los hechos delictivos que imputa a cada uno de los once acusados que aún permanecen en el banquillo, la representante del Ministerio Público se dirigió a los tres magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial para exigir una sentencia condenatoria que permita devolver a los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife la confianza en su Ayuntamiento y que fue "totalmente quebrantada" por los hechos delictivos cometidos por unas personas que se creyeron que la corporación era "su finca particular".
La representante del Ministerio Público, como colofón a un arduo trabajo que se ha prolongado durante casi diez años de instrucción de un sumario, desde que se incoó su querella el 2 de enero de 2007, abundó ayer en que "solo un tribunal penal puede poner las cosas en su sitio, tras un pelotazo urbanístico de libro, en el que políticos y funcionarios municipales dirigidos por el entonces alcalde Miguel Zerolo actuaron de forma ilícita y delictiva para que los dos empresarios, Ignacio González y Antonio Plasencia, obtuvieran un beneficio de alrededor de 120 millones de euros", calculó.
