Los gobiernos de Canarias y Baleares acordaron ayer mantener un posicionamiento común ante el Estado frente a las necesidades de financiación de ambos archipiélagos para el desarrollo de un Plan de Infraestructuras Turísticas. Éste fue uno de los puntos que pactaron los jefes de ambos ejecutivos autonómicos, Fernando Clavijo y Francina Armengol, respectivamente, en el Palacio de Consolat de Mar, sede de la Presidencia balear, en Palma.

El presidente Clavijo aseguró que es necesario que el Estado asuma el sobrecoste insular y que la compensación al mismo esté presente en las políticas que se acuerdan en el seno del Consejo de Ministros. De tal forma que se garantice la "plena igualdad" entre las Islas y la Península.

Ambos mandatarios coincidieron, además, en reclamar al Gobierno central la cogestión de los aeropuertos canarios y balear para que se garanticen los intereses de los dos archipiélagos en la toma de decisiones que afecten a estas infraestructuras "vitales para estas dos comunidades autónomas".

La jornada de trabajo concluyó con la firma de un manifiesto que aborda el posicionamiento común de Canarias y Baleares en materia de financiación, turismo y transportes.

El presidente canario destacó las buenas relaciones entre ambos ejecutivos cuyos territorios comparten "singularidades". "Tenemos problemas comunes y podemos y debemos plantear soluciones conjuntas". "Somos dos archipiélagos y nuestra realidad es, a pesar de las distancias, muy similar y juntos podemos trabajar para lograr que el Estado asuma y entienda nuestras especificidades", aseveró.

Por su parte, la presidenta balear señaló que esta primera cumbre es fruto de un trabajo que se inició a principios de la legislatura y confió que el trabajo resultante "permita tener una voz más fuerte" en España y ante la Unión Europea "en aquellas cuestiones que nos son similares y que afectan de manera directa" a los ciudadanos de ambos territorios.

Entre los acuerdos alcanzados, destaca la necesidad de lograr una mejora de la financiación para las dos comunidades. En este sentido, ambos ejecutivos reclamaron al Estado revisar el modelo de financiación autonómica.