El Cabildo de Tenerife ha convocado a los 31 alcaldes de la Isla para generar un estado de opinión contrario a que la totalidad del dinero que integra del eje 3 del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), el correspondiente al empleo (20% del total), quede en manos de la Consejería que dirige la vicepresidenta del Gobierno regional, Patricia Hernández (PSC). La maniobra, capitaneada por el presidente insular, Carlos Alonso (CC), constituye un contraataque de Coalición Canaria (CC) contra sus socios del PSC, que el pasado lunes abandonaron el Consejo de Gobierno en protesta por el reparto del 75% del Fdcan con arreglo a a la triple paridad.
Los cabildos querían protagonismo en el eje 3, es decir, querían que por sus manos pasaran los fondos para desarrollar políticas activas de empleo. Sin embargo, no hubo manera de encontrar encaje jurídico a sus pretensiones, por lo que se dejaron en manos del Servicio Canario de Empleo (SCE) que controla la vicepresidenta Hernández.
La decisión no gustó nada al Cabildo de Tenerife que, incluso, ya había dispuesto financiación propia para atender este capítulo. Los nacionalistas tinerfeños se reunieron ayer durante dos horas en la capital de la isla con presencia del propio Alonso y, entre otros, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que también es secretario insular de CC. Tras finalizar el encuentro, la secretaria nacional de Comunicación, Cristina Valido, detalló que la convocatoria pretendía "aclarar conflictos" y "malas interpretaciones sobre cómo se están desarrollando las negociaciones del Fdcan", 160 millones de euros anuales que se nutren de la condonación por parte de Madrid de la compensación que tenía que pagar Canarias por la desaparición del Impuesto sobre el Tráfico de Empresas (ITE).
Los socialistas se oponen al reparto con arreglo a la triple paridad de las tres cuartas parte de dicha cantidad. Esto es, la misma cifra para Gran Canaria y Tenerife, también la misma para la provincia oriental y occidental, y, por último, también idéntica suma para las islas no capitalinas de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.
Según los consejeros que se levantaron del Consejo de Gobierno el pasado lunes, esta forma de reparto no cumple con la función de impulsar la economía productiva canaria, uno de los objetivos que se había marcado para el Fdcan. Por contra, la mayoría de cargos públicos de las islas menores se muestran satisfechos. La discusión ha vuelto a tensar la cuerda entre nacionalistas y socialistas en el Ejecutivo canario, con la seria amenaza de que los últimos tengan sus días contados en el Gobierno.
En Gran Canaria, el presidente del Cabildo, Antonio Morales (Nueva Canarias), ha convocado mañana a los 21 alcaldes de la Isla para crear un bloque opuesto a ese reparto que provocó la espantada de los consejeros del PSC. El cónclave grancanario alimenta las tesis socialistas, mientras que la cita promovida por Carlos Alonso, unos de los principales azotes de la parte socialista del Ejecutivo canario, es la respuesta nacionalista.
La secretaria de Comunicación de CC, Cristina Valido -también consejera insular tinerfeña-, explicó que en la reunión de ayer se trataron los aspectos del Fdcan "que parecen ir contra los acuerdos" suscritos por los ayuntamientos "con los cabildos". Entre ellos, la negación a las instituciones insulares de los fondos para empleo.
