Canarias aspira a recuperar, reactivar o actualizar el próximo año todos los convenios firmados y cofinanciados con el Estado tras más de una legislatura en la que la mayoría de ellos fueron suspendidos, eliminados o recortados por el Gobierno central alegando falta de fondos por la crisis. La negociación abierta entre ambas partes de cara al apoyo de CC a los presupuestos estatales del 2017, y en aplicación del acuerdo con el PP para desarrollar la agenda canaria pactada, tendrá que aclarar en las próximas semanas hasta donde está dispuesto a llegar el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy respecto a algunas de las reivindicaciones que han marcado las tensiones entre Canarias y el Estado desde el 2011. Aunque ninguna de las partes ha concretado el monto total que está en juego para el conjunto de esos convenios, las cantidades que se están manejando en base a dotaciones previas y a las reclamaciones canarias de los últimos tiempos lo cifran en 520 millones de euros.
Esta cantidad se refiere a las distintas partidas de los siete convenios básicos que marcan la inversión del Estado en Canarias mediante transferencias a la comunidad autónoma y que exceptúa por tanto las inversiones directas de los ministerios, o los organismos autónomos como puertos y aeropuertos. La mayoría de ellos se refieren a proyectos de infraestructuras y conllevan aportaciones complementarias del Ejecutivo regional, como son los casos de carreteras, costas, obras hidráulicas (aguas), infraestructuras turísticas, y vivienda, pero dos de ellos, el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y el de infraestructuras educativas, están más vinculados al impulso de políticas activas de empleo y a la formación.
Crisis
Las cantidades que se están barajando en este inicio de negociación, abierta la semana pasada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, son aún muy genéricas y de máximos, pero responden a las que ya se contemplaban en presupuestos estatales previos a la crisis, y a las enmiendas que CC ha ido presentando durante la tramitación de las cuentas estatales en las Cortes entre el 2012 y el 2016. Según los nacionalistas, durante la negociación de la agenda canaria para el apoyo de su diputada, Ana Oramas, a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno ya se plantearon algunas de esas partidas, y aunque obviamente no se concretaron en el documento firmado con el PP, sí hay un compromiso claro para una "dotación adecuada" de todos los convenios "de forma que se compense la pérdida de financiación en los últimos años", según reza el texto.
El más importante de estos convenios bilaterales es el de carreteras, para el que Canarias reclamaría una dotación en 2017 de al menos 253 millones, incluyendo la cantidad correspondiente a la anualidad, la última del actual documento en vigor (207 millones), y una compensación por los recortes de los últimos años. La inversión del 2016 para las carreteras canarias alcanzó lo 94,1 millones, incluidos 26 para la carretera de La Aldea, pero CC presentó enmiendas para complementar esa cantidad con otros de 159 millones, una dotación que pretendía "superar la situación crítica de obras en marcha y actuaciones ya terminadas".
Canarias contempla además reactivar el convenio de obras hidráulicas con al menos 62 millones más de los 18,1 que contemplaron los presupuestos estatales del 2016, también con la idea de recuperar el terreno perdido desde el 2011, así como el de costas, para el que se reclamarían cerca de 35 millones con los que afrontar las actuaciones pendientes tras cuatro años de recortes. Lo mismo cabe decir del convenio de infraestructuras turísticas, para el que se solicitan 50 millones con los que llevar a cabo la renovación de los espacios públicos de enclaves turísticos maduros, o en materia de vivienda, para el que se aspiran en principio a más de 40 millones, lo que supondría casi 25 más que los 18,3 recogidos en los presupuestos aún en vigor.
Dos de los convenios emblemáticos sobre los que el Gobierno regional pone especial énfasis son el PIEC, para el que se buscan recuperar los 42 millones con que se dotaban antes del 2012, y de infraestructura educativa, para el que se reclaman los 40 millones que también se consignaban en presupuestos de antes de la crisis. El PIEC fue reducido de 42 a 10 millones por el PP en sus segundos presupuestos de la pasada legislatura, los de 2013, y fue eliminado ya en los del 2014. En el acuerdo de CC y PP, aunque no se hace mención específica, sí hay un extenso punto sobre "políticas sociales y de empleo" que señala que el Estado incorporará un "plan de empleo para Canarias, con dotación suficiente", en el marco del Plan Anual de Política de Empleo de cada ejercicio en el conjunto del país.
Al margen de estos siete convenios, Canarias planteará otra serie de reivindicaciones presupuestarias que eleven considerablemente la cifra global, entre ellos los diversos planes de reindustrialización y energéticos, que podrían rondar los 250 millones.
También las tradicionales medidas de compensación a la insularidad y la lejanía como la subvención a las plantas potabilizadoras, para la que se reclamarán en torno a los 11 millones; las ayudas agrícolas e industrial del Poesi, que desaparecieron en 2102 y para la que se solicitarán dos partidas diferencias de más de 20 millones cada una, y obviamente las bonificaciones al transporte de pasajeros y mercancías, que se pretenden incrementar.
Estas cantidades se sumarían a la que Canarias ya se garantizó el pasado miércoles de 400 millones más de financiación autonómica si Montoro incluye en el proyecto de cuentas estatales una modificación de la ley de Financiación Autonómica para sacar el REF del sistema de reparto y permitir a las Islas participar del Fondo de Competitividad.
Las posiciones de máximos topan sin embargo con las necesidades de control del gasto que todavía afectan a los presupuestos estatales para reducir el déficit. El propio Clavijo se mostró abierto, el pasado miércoles tras reunirse con Montoro, a un calendario más amplio para recuperar las inversiones que considera pendientes. "Conocemos la realidad del país, Canarias necesita avanzar, pero tenemos que hacerlo con lealtad y con solidaridad. Lo importante es recuperar, pero tenemos tiempo, la legislatura está empezando y nosotros somos conscientes del momento y de las dificultades que pone Europa", afirmó.
La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, ha sido comisionada por el Ejecutivo regional para coordinar junto a las diferentes consejerías las negociaciones que se entablarán con los ministerios implicados para dotar todas estas partidas, mientras que la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, lo hará en el ámbito parlamentario con el PP en un contexto en el que su voto será decisivo, junto a los 5 del PNV y el de Pedro Quevedo (NC), con los que ya hay también contactos, para que los primeros presupuestos de la legislatura salgan adelante con esos 176 votos y siempre en el caso de que el PSOE mantenga su rechazo.
El Gobierno central se ha comprometido con sus interlocutores a incluir las partidas pactadas en el proyecto de presupuestos de forma que no sea preciso recogerlos a través de enmiendas parciales.
